El gobierno de Estados Unidos evalúa suspender los beneficios de exportación y aplicar aranceles de hasta 100% a Nicaragua, debido a las reiteradas violaciones a derechos humanos y laborales, según un informe oficial divulgado este lunes por la Oficina del Representante Comercial (USTR). El documento señala que Nicaragua incurre en abusos generalizados, incluyendo restricciones al derecho de propiedad y a la libertad religiosa, prácticas que afectan las oportunidades comerciales de las empresas estadounidenses en el país centroamericano.
La Sección 301 de la Ley Comercial de 1974 permite al USTR investigar las prácticas laborales y comerciales en países socios. Tras esta evaluación, se sugiere suspender total o parcialmente los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), incluyendo concesiones arancelarias para Nicaragua.
El Representante Comercial de Estados Unidos propone también implementar aranceles de hasta el 100% sobre importaciones nicaragüenses, en fases o de forma inmediata durante un período de hasta 12 meses. Estas medidas responden a la consideración de que las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo vulneran los derechos fundamentales y perjudican el comercio estadounidense.
El informe denuncia un clima de acoso a la oposición política y revela que el 47% de los niños nicaragüenses entre 10 y 14 años trabajan en condiciones peligrosas. La administración estadounidense critica que el régimen ha desmantelado el estado de derecho y amplía su control sobre el país.
En otro aspecto, el gobierno de Ortega-Murillo continúa favoreciendo la presencia de inversión extranjera en el sector minero. Recientemente, concedió 9,300 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur a la empresa china Zhong Fu Development S.A., sumando cerca de 600,000 hectáreas en los últimos dos años en diferentes concesiones, muchas en zonas ambientales de alta biodiversidad, como la Reserva del Río San Juan.
Estas acciones, tanto en política económica como en recursos naturales, intensifican la tensión internacional y evidencian la crisis política y social que atraviesa Nicaragua. La decisión final sobre las sanciones aún no tiene una fecha concreta de implementación, aunque las propuestas están sobre la mesa.
