El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha intensificado la presión para que México investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Fuentes cercanas al tema revelaron que Washington ha solicitado al menos en tres ocasiones que el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tome medidas concretas contra funcionarios sospechosos y, en caso de haber cargos en EE. UU., proceda con su extradición.
Estas solicitudes, realizadas principalmente por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos, buscan impulsar una ofensiva sin precedentes contra la corrupción relacionada con el narcotráfico en México. En las discusiones, funcionarios estadounidenses también pidieron acciones contra varios políticos del partido Morena, de Sheinbaum, incluso amenazando con imponer más aranceles si no se actúa en consecuencia. Estas conversaciones no habían sido reportadas previamente.
La imposición de aranceles por parte de EE. UU. se ha justificado por la creciente influencia de los cárteles en el país latinoamericano. Una posible ofensiva contra funcionarios en el cargo marcaría un cambio radical en los esfuerzos mexicanos para combatir la corrupción vinculada con el narcotráfico, aunque presenta riesgos políticos para Sheinbaum, dado que algunas acusaciones involucran a miembros de su propio partido.
La primera solicitud se realizó en una reunión en Washington el 27 de febrero, encabezada por Marco Rubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. A dicha mesa también asistieron representantes de los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Tesoro, así como el fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Hasta el momento, la Presidencia de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad no han emitido comentarios sobre estas conversaciones. Asimismo, las autoridades estadounidenses no han respondido a solicitudes de información.
En respuesta a las amenazas de Trump de imponer aranceles, México envió en febrero a 29 figuras de cárteles a Estados Unidos, la mayor cantidad en años. Además, en las pláticas también se discutió la posible agilización en la captura y deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.
Dentro de las propuestas, se mencionó la creación de un 'zar del fentanilo' estadounidense que coordine directamente con el equipo de Sheinbaum en la lucha contra esta droga, responsable de muchas sobredosis en EE. UU. También se presionó para realizar inspecciones más exhaustivas en la frontera en carga y viajeros con destino a Estados Unidos.
Aunque la Constitución mexicana garantiza la autonomía de la Fiscalía General, Washington ha acusado en diversas ocasiones a México de proteger a políticos presuntamente vinculados con los cárteles. La inmunidad procesal de gobernadores y legisladores federales dificulta su procesamiento, salvo autorización del Congreso.
No está claro si EE. UU. proporcionó a México una lista de funcionarios sospechosos o pruebas en su contra. Sin embargo, se mencionó a cinco políticos actuales de Morena y un exsenador, incluido Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien recientemente anunció que EE. UU. le revocó la visa de turista. La razón aún no ha sido divulgada.
Perseguir políticamente en funciones es considerado una línea roja en México. Aunque en algunos casos se han arrestado políticos después de dejar el cargo, lo cierto es que las tensiones en la cooperación contra el narcotráfico han sido evidentes, como en el caso del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en 2020, cuya detención en Los Ángeles generó una crisis diplomática y afectó los lazos en materia de lucha antidrogas.
