El gobierno de Estados Unidos anunció el 18 de febrero la imposición de sanciones contra Roberto Clemente Guevara Gómez, director del sistema penitenciario de máxima seguridad en Nicaragua, acusado por ex presos políticos y organizaciones internacionales de violar derechos fundamentales mediante torturas y abusos en centros de detención. La medida, basada en la Sección 7031(c) de la ley de asignaciones del Departamento de Estado, prohíbe su entrada a EE. UU. y busca presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que rinda cuentas por la represión y las violaciones en cárceles como La Modelo. La sanción se produce en un contexto de acusaciones recurrentes sobre tratos inhumanos y condiciones de encierro degradantes, denunciadas desde 2018 por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA)..
Según testimonios de ex presos políticos, Guevara Gómez asumió un rol central en la represión en la cárcel La Modelo, específicamente en la celda de máxima seguridad conocida como la 300, donde el funcionario supuestamente intensificó las acciones de control y castigo contra quienes protestaban contra el régimen. Uno de los denunciantes, Carlos Bonilla, detalló en entrevista con Nicaragua Actual que Guevara Gómez ordenaba y ejecutaba golpes y amenazas, restringiendo visitas, alimentación y autogestión en las unidades de detención. Bonilla calificó la decisión como un reconocimiento internacional de las denuncias de las víctimas y expresó su esperanza de que otros funcionarios como William Trujillo e Ignacio Matu también sean investigados y sancionados.
Bonilla hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener la presión sobre Nicaragua, que actualmente alberga al menos 70 presos políticos en sus cárceles, con condiciones que organizaciones internacionales consideran arbitrarias y crueles. La reacción de EE. UU. responde a un escenario en el que organismos como la CIDH y la OEA han reiterado denuncias sobre patrones sistemáticos de persecución, tortura y detenciones arbitrarias desde 2018, en medio de la represión de manifestaciones sociales y oposición política.
Por su parte, la embajada estadounidense en Managua afirmó que la sanción busca enviar un mensaje claro sobre la vigencia de mecanismos legales y diplomáticos para enfrentar la impunidad en casos de represión estatal. La CIDH y la OEA reiteraron su llamado a que Nicaragua vuelva a cumplir la Carta Democrática Interamericana y garantice el respeto a los derechos humanos de su población.
