La Administración de Donald Trump ha elaborado diversas opciones para una eventual acción militar en Venezuela, que incluyen ataques directos a unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y operaciones destinadas a controlar los campos petroleros del país, según varios funcionarios estadounidenses.
Aún no hay una decisión definitiva por parte del mandatario, quien muestra cierta reticencia a aprobar intervenciones que puedan poner en peligro a tropas estadounidenses o terminar en fracasos embarrados. Sin embargo, figuras clave del gobierno presionan por opciones más agresivas, como la salida de Maduro del poder.
Sus asesores han solicitado al Departamento de Justicia una base legal para posibles operaciones militares más amplias, que vayan más allá de las campañas de ataque a embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas —sin pruebas concluyentes—, y que podrían justificar acciones sin necesidad de autorización congresional o declaración de guerra. Se espera que dicha orientación legal argumente que Maduro y altos responsables venezolanos están involucrados con el Cartel de los Soles, clasificado como grupo narcoterrorista, lo que legitimaría ataques contra ellos pese a las leyes estadounidenses que prohíben asesinar líderes extranjeros.
Mientras tanto, la administración ha llevado a cabo ataques selectivos contra presuntos traficantes de drogas en el mar, y cualquier decisión de derrocar a Maduro enfrentaría un escrutinio mayor respecto a su justificación legal, dada la ambigüedad de los argumentos utilizados, que incluyen el narcotráfico, la seguridad energética y otras acusaciones no verificadas.
El presidente Trump ha emitido mensajes contradictorios sobre sus intenciones y sobre las posibles justificaciones para una intervención militar. Aunque en algunas ocasiones ha señalado que los ataques en el Caribe y el Pacífico, donde han muerto al menos 65 personas, podrían extenderse a acciones terrestres, también ha manifestado dudas sobre una posible guerra con Venezuela, y ha afirmado que cree que Maduro podría no durar mucho en el poder.
El apoyo a medidas más agresivas proviene del secretario de Estado, Marco Rubio, y de Stephen Miller, asesor en seguridad interna, quienes consideran que Maduro debería dejar el poder. Sin embargo, Trump ha expresado reservas por el riesgo que implica un posible fracaso y ha solicitado obtener ventajas, principalmente a través del control del petróleo venezolano.
El despliegue militar en la región ha sido intensivo, con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford a mediados de mes, junto con el despliegue de unos 10,000 efectivos en el Caribe y el envío de bombarderos como los B-52 y B-1, en una muestra de fuerza. Además, ejercicios especiales con unidades de élite de operaciones, como el Ejército y la Marina, también se han realizado frente a Venezuela.
Este despliegue, que parece una estrategia de presión psicológica sobre Maduro, coincide con la autorización presidencial para operaciones encubiertas a través de la CIA, que podrían incluir sabotaje, actividades de inteligencia o incluso la captura del mandatario. Sin embargo, expertos señalan que si tales esfuerzos hubieran sido efectivos, Maduro ya habría sido desplazado.
Las opciones militares contempladas incluyen ataques aéreos contra instalaciones militares, operaciones con fuerzas especiales para capturar o eliminar a Maduro, y, en escenarios más complejos, el control de infraestructuras petroleras y aeropuertos mediante fuerzas antiterroristas. Cada una conlleva riesgos altos, especialmente en un entorno urbano como Caracas.
Trump se ha mostrado reacio a acciones que pongan en peligro a soldados estadounidenses, prefiriendo emplear drones y armas de largo alcance. El interés principal sigue siendo el control de las vastas reservas petroleras venezolanas, aunque las decisiones sobre cómo gestionarlas —cortar exportaciones o mantenerlas— permanecen en debate interno.
Por otro lado, la situación económica y las sanciones también siguen jugando un papel. Aunque Trump ha aumentado la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares y ha calificado al mandatario venezolano como narcoterrorista, ha permitido que la petrolera estadounidense Chevron continúe operando en Venezuela bajo condiciones restrictivas, apoyando parcialmente a la economía del régimen aunque en un entorno de alta incertidumbre.
