El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México iniciará un proceso de evaluación integral a los jueces que fueron electos popularmente el pasado 1 de julio, con el objetivo de garantizar un servicio jurisdiccional ético, profesional y respetuoso de los derechos humanos. Aquellos que no acrediten los criterios establecidos podrían ser removidos del cargo, según explicó Nancy Flores Mendoza, integrante del órgano.
En una entrevista, la funcionaria indicó que el enfoque del tribunal es de prevención en lugar de sanción, para asegurar que los servidores públicos del Poder Judicial cumplan con la Ley Orgánica, el Código de Ética y el Código de Disciplina Judicial.
"Estaremos atentos a que los servidores públicos jurisdiccionales desempeñen correctamente su trabajo. Respetamos la autonomía de jueces y magistrados, pero si alguno comete un acto indebido será sancionado conforme a la ley", señaló.
Además, añadió que el tribunal vigilará los reportes de la ciudadanía, para observar el actuar de los juzgadores y garantizar que los derechos de los usuarios del sistema judicial no sean vulnerados.
"No permitiremos que los justiciables sean afectados por resoluciones fuera de término o violaciones al debido proceso", enfatizó.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces electos deben ser evaluados en un plazo mínimo de 90 días y máximo de un año. Para ello, el tribunal trabaja con un comité especializado que realizará una evaluación integral, abarcando aspectos técnicos y de comportamiento y trato público.
Flores Mendoza explicó que el proceso evaluará desde los conocimientos jurídicos hasta la manera en que los juzgadores conducen audiencias y su actitud frente a la ciudadanía.
"Observaremos cómo aplican la ley además de su sensibilidad y respeto hacia los derechos humanos", puntualizó.
Las evaluaciones se realizarán con respeto al debido proceso, procurando que cada juez tenga la oportunidad de mejorar. En caso de no aprobar en la primera revisión, la ley contempla un período de capacitación de hasta un año.
Durante ese período, los jueces podrán fortalecer sus conocimientos, habilidades y criterios, con acompañamiento del Tribunal.
"Esta es una oportunidad de mejora, no una sanción inmediata. Si después de la capacitación no cumplen con los estándares, serán remitidos a la Legislatura para los trámites correspondientes", resaltó Flores Mendoza.
Finalmente, la presidenta del Tribunal subrayó que el propósito no es sancionar de forma punitiva, sino garantizar que quienes impartan justicia lo hagan con calidad, profesionalismo y empatía hacia la ciudadanía.
