El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a cuatro ciudadanos mexicanos y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta y municipios cercanos, en relación con un presunto esquema de fraude de tiempo compartido operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades estadounidenses advierten que esta modalidad se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos alternativas para financiar las operaciones de uno de los grupos criminales más violentos del mundo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) especificó que el CJNG, catalogado por Washington como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado, ha ampliado sus ganancias del narcotráfico hacia delitos como robo de combustible, extorsión y, cada vez más, fraudes dirigidos a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el grupo criminal aprovecha a los estadounidenses mayores mediante complejos esquemas de reventa y renta de propiedades vacacionales.
Según el Departamento del Tesoro y el FBI, los fraudes suelen comenzar con llamadas telefónicas o correos electrónicos en inglés, tras obtener datos de turistas a través de contactos internos en complejos vacacionales. Los estafadores se presentan como corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido, ofrecen operaciones de reventa o renta, y exigen pagos adelantados por supuestos impuestos y comisiones. Los fondos se transfieren a cuentas en bancos o casas de bolsa en México, y muchas víctimas son revictimizadas con nuevas exigencias o promesas de recuperación.
Además, los defraudadores pueden fingir ser bufetes de abogados, prometiendo iniciar procedimientos legales en nombre de las víctimas a cambio de pagos iniciales.
Las pérdidas por estos fraudes son considerables. Entre 2019 y 2023, aproximadamente seis mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas por casi 300 millones de dólares, mientras que en 2024 las quejas superaron los 50 millones. El FBI considera estas cifras conservadoras, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o desconocimiento.
Entre los sancionados figuran tres altos mandos del CJNG: Julio César N, Carlos Andrés N y Francisco Javier N, acusados de dirigir tanto el esquema de fraude como operaciones violentas en Puerto Vallarta, incluyendo asesinatos de rivales y políticos. El cuarto implicado es Michael N, empresario turístico y contador con más de 20 años en el sector, señalado como líder de una red empresarial fachada vinculada a las estafas.
Las compañías sancionadas, presuntamente controladas por Michael N, comprenden: Akali Realtors; Centro Mediador De La Costa, S.A. de C.V.; Corporativo Integral De La Costa, S.A. de C.V.; Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V.; Sunmex Travel, S. de R.L. de C.V.; y otras inmobiliarias como Inmobiliaria Integral Del Puerto, KVY Bucerías y Servicios Inmobiliarios Ibadi. Además, se incluyen operadores turísticos, una firma de servicios automotrices y una consultora contable.
Las sanciones congelan todos los bienes e intereses de los involucrados en EE.UU. y prohíben transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses. También alertan a instituciones financieras extranjeras sobre posibles sanciones secundarias si facilitan operaciones para estos designados.
Esta acción es la quinta ronda de sanciones de la OFAC contra personas relacionadas con el fraude de tiempo compartido del CJNG desde 2023, abarcando a más de 70 individuos y entidades en total.
