La reciente suspensión del aeropuerto de El Paso, Texas, por preocupaciones de seguridad relacionadas con drones que supuestamente ingresaron desde México y estarían vinculados a actividades de cárteles, ha avivado el debate sobre la sofisticación tecnológica del crimen organizado en la región. En las últimas décadas, los grupos delictivos han avanzado notablemente en sus recursos tecnológicos para ampliar su control territorial y desafiar a las autoridades.
Desde el uso inicial de fusiles automáticos como el AK-47 y AR-15, además de armas automáticas, bombas artesanales y artefactos explosivos improvisados, los cárteles mexicanos han evolucionado hacia vehículos blindados de fabricación artesanal —los famosos “vehículos monstruo”— y, en las últimas etapas, hacia el empleo de drones militares y sistemas anti-drones. Este proceso ha sido acompañado de una estrategia que combina funcionalidad y ostentación, consolidándose como símbolos de poder y dominio.
Alexéi Chévez, analista mexicano especializado en seguridad pública, militar y temas relacionados, indica que en las primeras décadas del narcotráfico, las armas de fuego y explosivos definieron la capacidad de los grupos criminales para realizar emboscadas, atentados y controlar territorios clave en estados como Tamaulipas, Michoacán y Jalisco. La aparición de vehículos blindados artesanales fue una respuesta a la necesidad de resistencia en enfrentamientos con fuerzas federales y rivales, además de un símbolo de poder.
La zona de Michoacán, considerado el epicentro del conflicto, ha sido escenario de innovaciones criminales y del despliegue de tácticas militares, incluyendo drones para vigilancia y reconocimiento, siendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) uno de los principales actores en esta evolución. Liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el CJNG ha reclutado y entrenado comandos colombianos especializados en el uso de drones y en técnicas militares de alto nivel.
El acceso a drones comerciales y agrícolas —diseñados inicialmente para fumigación o monitoreo— ha permitido a los cárteles vigilar rutas, identificar movimientos de rivales y coordinar operaciones a distancia, minimizando riesgos para sus operativos. La incorporación del GPS y las redes móviles ha facilitado la operación remota y en tiempo real.
En la fase actual, los drones han sido convertidos en armas ofensivas, capaces de lanzar explosivos improvisados y, en algunos casos, equipados con inteligencia artificial para reconocimiento facial y seguimiento de objetivos. Además, las organizaciones criminales han invertido en tecnología antidrones, como los “jammers”, que bloquean señales inalámbricas, y sistemas como los Sky Fenders, que generan barreras de exclusión aérea y dificultan la comunicación en zonas de alto riesgo.
El aprendizaje internacional también ha tenido un papel importante, con operadores enviados a zonas de guerra en Europa del Este para capacitarse en el uso avanzado de drones y tácticas militares. Esta rápida adopción y perfeccionamiento tecnológico ha llevado a que las autoridades enfrenten desafíos cada vez mayores en su capacidad de protección, ya que, aunque inviertan en tecnología defensiva, la velocidad de innovación de los cárteles los deja siempre un paso atrás.
Según Chévez, la protección total frente a estas amenazas aún no es alcanzable; la evolución tecnológica del crimen organizado en México ha llegado a un nivel en el que resulta prácticamente imposible garantizar la seguridad plena. Reconoce que las fuerzas del Estado pueden mejorar su preparación y adquirir más tecnología, pero la rapidez de adaptación de los cárteles representa un reto constante que complica los esfuerzos de control y defensa.
