Durante la primera audiencia del juicio contra Juan Ruiz Orrico, ex presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, éste admitió su responsabilidad en el accidente fatal ocurrido en la Ruta 39, en el que perdieron la vida cuatro trabajadores. El incidente ocurrió el 20 de junio de 2024, en el kilómetro 123 de la vía, cuando Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial a 150 km/h y con 1,59 gramos de alcohol en sangre.
En su declaración, Orrico expresó que entiende la gravedad del daño causado y reconoció que ni sus palabras ni disculpas pueden reparar la tragedia. "Sé que el daño es irreparable y que lo que sienten las víctimas no puede ser reflejado en palabras", afirmó ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Además, manifestó que, aunque las disculpas parecen insuficientes, siente la obligación moral de ofrecer condolencias a los familiares y buscar alguna forma de mitigar el daño.
El trágico accidente cobró las vidas de Leonardo Almada, Axel Rossi, y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, todos trabajadores del frigorífico Fadel. Los familiares de las víctimas siguen bajo asistencia psicológica, y el proceso ha sido calificado por el querellante, Mario Arcusin, como "el juicio del dolor". La fiscalía, liderada por Eduardo Santos, mantiene que Orrico actuó de manera imprudente y previsible, ya que era consciente de haber consumido alcohol y de tomar riesgos al salir a la ruta.
La acusación promoverá una penalización de hasta seis años de prisión si se acredita su culpabilidad por homicidio culposo agravado, por nivel de alcoholemia y múltiple víctima. Además, en el juicio testificarán policías, peritos, el médico forense y familiares de las víctimas, que darán cuenta de los detalles del caso y de la responsabilidad del ex funcionario.
Por su parte, los abogados defensores de Orrico señalaron que su cliente acepta tener responsabilidad en el siniestro, pero que la discusión central será sobre el grado de reproche y la pena correspondiente. Los defensores, Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje, argumentaron que existen circunstancias que deben ser consideradas al momento de determinar la sanción, solicitando una evaluación racional del tribunal.
El juicio continuará en sesiones programadas para los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, fecha en la cual se dictará la sentencia definitiva del Tribunal de Juicio y Apelaciones.
