La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió la vinculación a proceso de Omar ‘N’, por su presunta participación en delitos de abuso de confianza en perjuicio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).
La autoridad judicial en Almoloya de Juárez dictó prisión preventiva justificada y otorgó un mes para la investigación complementaria, plazo que vence el 28 de septiembre de 2025.
Según las investigaciones, Omar ‘N’ manipuló las facultades y el acceso a los recursos financieros del TRIJAEM para realizar transferencias indebidas a cuentas de terceros. El 1 de diciembre de 2023, efectuó 29 transferencias por un total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin justificación alguna.
Los dispositivos de autenticación conocidos como token, asignados al imputado y al entonces director de administración, identificado como T.D.L., estaban destinados a complementar las autorizaciones de las transacciones. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2023, durante pruebas de la banca en línea realizadas por ejecutivos del banco en el Tribunal, Omar ‘N’ solicitó el token del director T.D.L., lo que permitió detectar movimientos irregulares.
De las 105 cuentas de proveedores detectadas, se identificaron 26 transferencias que sumaron 22 millones 482 mil 329 pesos, además de tres pagos de servicios por 10 millones de pesos. Ninguna de estas transacciones fue autorizada con el token del director.
Ese mismo día, el TRIJAEM denunció los hechos ante la Fiscalía y solicitó la recuperación del dinero. Entre el 7 y 13 de diciembre de 2023, la institución bancaria reintegró la totalidad del monto a la cuenta del Tribunal.
A pesar de la restitución, la Fiscalía continúa investigando posibles delitos de apropiación indebida y no descarta la participación de otras personas, tanto empleados del Tribunal como del banco.
Adicionalmente, el 1 de septiembre pasado, un grupo de personas se manifestó a favor de Omar ‘N’, lo que llevó a que la Fiscalía iniciara una nueva investigación por la posible retención ilegal de empleados o personas del TRIJAEM, y por delitos de privación ilícita de la libertad y secuestro exprés. Estas acciones podrían conllevar penas de hasta 80 años de prisión, en busca de identificar a quienes participaron e instigaron estos hechos.
