El exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, afirmó que Jalisco es uno de los estados más afectados por las desapariciones forzadas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este pronunciamiento se da en el contexto de un aumento del 200% en las desapariciones en México, según el informe más reciente de la organización México Evalúa.
Vigil explicó que, aunque existen registros oficiales de desapariciones, estas cifras no reflejan la totalidad del problema, pues estima que la cifra real es mayor debido a casos no reportados o localizados. El exfuncionario también destacó que las confrontaciones entre grupos delictivos intensifican el fenómeno, ya que durante los enfrentamientos se producen muertes que elevan la cantidad de personas reclutadas o desaparecidas.
De acuerdo con Vigil, Jalisco concentra gran parte de estas acciones criminales del CJNG. Sin embargo, también hay un número significativo de desapariciones de mujeres y niños en otros estados como Tamaulipas, Nuevo León y en la Ciudad de México. Las desapariciones en Jalisco se han documentado en diferentes escenarios, incluyendo terminales de autobuses y en lugares como el Rancho Izaguirre en Teuchitlán.
En línea con estas declaraciones, el sociólogo Jorge Ramírez ha señalado previamente la relación entre el crimen organizado liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, y el incremento en desapariciones. Vigil también denunció que los grupos criminales a veces simulan operaciones de seguridad para atraer y secuestrar a personas destinadas a centros de entrenamiento, de los cuales no pueden escapar.
Un fenómeno paralelo son las fosas clandestinas, donde los cuerpos hallados muchas veces coinciden con personas buscadas desde hace años. Vigil afirmó que estas fosas contienen tanto cadáveres de personas exterminadas por el crimen organizado como cadáveres de quienes estaban en la lista de búsqueda, aumentando así la gravedad del problema.
El exagente resaltó que la complicidad entre autoridades locales y grupos delictivos facilita la impunidad en estas desapariciones y que las cifras oficiales no reflejan la totalidad de lo ocurrido, en parte por la utilización de fosas comunes y técnica de los ‘pozoleros’ para ocultar evidencias.
Vigil advirtió que uno de los principales desafíos en la atención a las desapariciones es la falta de financiamiento a las instituciones encargadas de la búsqueda y la protección de las víctimas y sus familias. Además, subrayó la necesidad de fortalecer la investigación y el procesamiento de casos por parte de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, incluyendo a funcionarios públicos implicados.
