A un día de que el Congreso del Estado de México aprobara la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo, mujeres organizadas en el Frente Nacional contra Violencia Vicaria criticaron que la reforma se haya aprobado sin reconocerla formalmente como violencia de género ni asegurar su efectiva aplicación.
Diana, madre residente en León, Guanajuato, que desde 2022 lucha por recuperar a su hija retenida por su padre en el Estado de México, advirtió que la nueva ley no garantiza justicia real para las víctimas. Aunque la violencia vicaria ya estaba reconocida en la legislación estatal desde junio de 2022, como parte de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en esa ocasión se definía como daño físico, emocional o patrimonial ejercido a través de personas dependientes de la víctima.
La reciente reforma, sin embargo, la incluye como una modalidad dentro de la violencia familiar y no como violencia de género, lo que, según activistas, limita la protección y el alcance para las víctimas.
Diana, quien ha obtenido en febrero de 2024 una sentencia definitiva que le otorga la guarda y custodia de su hija y ordena su restitución inmediata, denuncia que hasta ahora no ha logrado hacer valer esa resolución. El padre ha promovido incidentes, apelaciones y amparos para evitar cumplir la orden judicial.
A lo largo del proceso, ha logrado convivir con su hija en contadas ocasiones, sin ser incluida en actividades escolares ni tener acceso a sus calificaciones, pese a que legalmente no existen restricciones que impidan su contacto.
Como integrante del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Diana señaló que la reforma fue aprobada sin consulta previa a las víctimas ni a colectivos defensores, y sin incorporar la perspectiva de género respaldada por la Suprema Corte.
“La violencia vicaria es violencia de género, y al incluirla solo como parte de la violencia familiar, se abre la puerta a denuncias incorrectas, dejando vulnerables a las víctimas reales”, afirmó.
El colectivo advierte que la definición ambigua en la ley puede ser manipulada por agresores para justificar acciones en procesos de custodia o convivencia, complicando aún más la protección real. Además, Diana acusó omisiones por parte de las autoridades, que han permitido prolongar sin justificación legal la ejecución de sentencias.
“Llevo más de un año con una sentencia que no puedo ejecutar. Eso también constituye violencia institucional”, comentó.
Asimismo, la madre destacó que actores como familiares y personal educativo omiten intervenir en favor de las víctimas.
En el Estado de México, alrededor de mil casos pendientes de violencia vicaria están registrados ante la Fiscalía local, cifra que podría ser mayor. La problemática evidencia un problema estructural que la reciente reforma no soluciona sin una aplicación con perspectiva de género y recursos efectivos, advirtieron las activistas.
