El doctor e historiador venezolano Luis Manuel del Valle Marcano Salazar, exmagistrado y diplomático de carrera, afirmó que la ley de amnistía aprobada por el régimen chavista en Venezuela es jurídicamente inválida y equivale a admitir delitos, además de legitimar una autoridad ilegítima. Diez días después de su promulgación, Marcano, actual director de Investigación y Posgrado en la Universidad SEK en Chile, explicó que aceptar la amnistía en los términos actuales representa reconocer la existencia de delitos por parte de un poder cuya legitimidad carece de reconocimiento constitucional.
El experto resaltó que, desde una perspectiva jurídica, la nulidad de los actos de un poder usurpador es absoluta según el artículo 138 de la Constitución venezolana, que afirma que toda autoridad usurpada carece de eficacia legal y sus actos son nulos. Por ello, Marcano sostiene que la ley, que fue aprobada casi exclusivamente con enfoque político y comparaciones con otros países, no tiene validez formal. La aceptación de esa ley, afirmó, podría interpretarse como un reconocimiento tácito de la autoridad usurpadora, debilitando la posición internacional de Venezuela.
Marcano aseguró que no reconoce ni legitimará esa ley ni ninguna autoridad que haya usurpado los poderes públicos, pues considera que la única vía constitucional válida sería reconocer su nulidad absoluta. Añadió que la libertad de los presos políticos solo debe lograrse mediante la nulidad jurídica de los procesos, no por una norma que, en realidad, carece de existencia jurídica.
El experto indicó que aceptar la amnistía como válida implicaría que la continuidad del Estado bajo el régimen de Nicolás Maduro se reconozca tácitamente, lo cual refuerza la tesis de que el poder usurpado tiene validez. Por eso, subrayó, la verdadera solución jurídica consiste en desconocer la ley y sus efectos, para denunciar internacionalmente la ilegitimidad del actual gobierno.
En cuanto a la liberación de los presos políticos, Marcano aclaró que no debe entenderse como una concesión del régimen, sino como una consecuencia jurídica derivada de la nulidad de los procesos judiciales. La libertad, en este marco, no es un acto de benevolencia, sino la expresión de que esas detenciones nunca tuvieron sustento legal.
Asimismo, alertó que aceptar la legalidad de la ley de amnistía podría interpretarse como un reconocimiento tácito de la autoridad en ejercicio, lo cual fortalece las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro ante organismos internacionales. Con una trayectoria que supera las cincuenta obras en derecho, relaciones internacionales, historia y ciencia política, Marcano enfatizó que toda norma con origen en un órgano inexistente jurídicamente carece de validez.
Por ello, advirtió que la subordinación del derecho a la política en Venezuela solo beneficiará al régimen, incrementando los riesgos de consolidar una legalidad ficticia y prolongar el conflicto. La recomendación, desde una postura estrictamente constitucional, es que la sociedad democrática desconozca esa ley en su totalidad, pues hacerlo podría debilitar la denuncia internacional de la ilegitimidad del Estado colombiano.
Finalmente, Marcano reiteró que la liberación de presos políticos debe ser vista como una restitución jurídica, no un acto de perdón; solo así se respetará la legalidad y se evitará que esas decisiones sirvan de aval para la continuidad del poder usurpado. Concluyó expresando que su verdadera esperanza es regresar algún día a un país donde el pasado de injusticia y manipulación quede atrás, solo en memoria para ser juzgado con justicia.
