El Senado de la República, dominado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, aprobó una reforma a la Ley de Amparo que incluye un artículo transitorio buscando permitir la retroactividad de dicha modificación. Esta decisión ha generado preocupación entre expertos en derecho y funcionarios públicos, quienes advierten que la medida violaría la Constitución Mexicana en su artículo 14, que prohíbe la retroactividad en perjuicio de las personas.
Rogelio Rodríguez Garduño, especialista en amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que aplicar la reforma con efectos retroactivos contraviene la ley fundamental del país. «El Artículo 14 establece que ninguna ley puede aplicarse en forma retroactiva en perjuicio de alguien», recordó. Aunque la reforma ya fue aprobada en el Senado y pasará a la Cámara de Diputados, aclaró que si se aprueba, solo tendrá efecto para hechos posteriores a su entrada en vigor.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la retroactividad de la reforma, considerando que viola la Constitución.
Por otro lado, Luis Xavier Carrancá, abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, advirtió que si la reforma avanza, podría sentar un precedente para que futuras propuestas legislativas tengan también carácter retroactivo, lo que representa un grave riesgo para los derechos de la ciudadanía.
Carrancá destacó que la medida altera las reglas del juego y puede afectar derechos adquiridos. «Se modifica la expectativa de las personas y sus demandas, impactando toda su actuación jurídica, lo cual constituye un problema grave», señaló. Uno de los aspectos más preocupantes, afirmó, es el cambio en el ámbito fiscal y en la protección contra el congelamiento de cuentas.
Explicó que, de aprobarse, los afectados por bloqueo de cuentas no podrían solicitar amparos hasta que sus bienes ingresen a remate, lo que limita severamente su acceso a la justicia. Además, la reforma busca restringir la protección en los casos de acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, permitiendo que las cuentas sean bloqueadas sin que los titulares puedan disponer libremente de sus recursos, tomando en cuenta sólo los aspectos esenciales, como fondos para salarios o insumos básicos.
Carrancá subrayó que estas medidas pueden ser utilizadas de manera política más que jurídica, afectando gravemente a las personas físicas. «La realidad es que las acciones de la UIF en los últimos años han tenido un carácter más persecutorio que protector», afirmó.
El abogado también criticó que esta reforma refleje una falta de sensibilidad del poder político hacia los derechos humanos, señalando que no solo se trata de un conflicto entre sectores del poder económico y las autoridades, sino de una modificación profunda que impacta los mecanismos de protección legal de toda la población.
Carrancá concluyó advirtiendo que el intento de bloquear el uso del juicio de amparo revela el temor del poder político a que la justicia pueda limitar su autoridad, en un escenario donde se priorizan intereses políticos sobre los derechos fundamentales de las personas.
