El Sistema Anticorrupción del Estado de México, que cumple ocho años, muestra resultados limitados en disminuir prácticas corruptas, coinciden expertos y exmiembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC). En un foro organizado por el Infoem, señalaron que el problema no son los mecanismos de control, sino la escasa efectividad de las sanciones, pues pocas conductas corruptas terminan en castigos firmes, perpetuando la impunidad y afectando la confianza ciudadana.
José Martínez Vilchis, presidente del Infoem, indicó que el sistema enfrenta obstáculos estructurales como falta de recursos y ambigüedad jurídica en el CPC. Criticó además que, pese a los esfuerzos, las cifras muestran avances marginales en 7 años, y propuso reformar la contratación del CPC para asignarles estatus de servidores públicos y transparentar licitaciones y obras públicas.
Marco Antonio González Castillo, expresidente del CPC, cuestionó el enfoque actual, señalando que muchos expedientes se devuelven por tecnicismos, lo que genera impunidad. Aseguró que, sin evaluar habilidades como negociación o resolución de conflictos en el proceso de selección, el sistema no será efectivo. ‘Hay muchas auditorías, pero casi ninguna sanción firme. Necesitamos menos burocracia y más eficacia’, afirmó.
Luis Manuel de la Mora Ramírez, también exlíder del CPC, destacó los avances legales, pero advirtió que sin voluntad política y social, las leyes serán letra muerta. Llamó a acabar con la complacencia en sector público y privado, y a dotar de recursos reales, no solo económicos, sino también técnicos, a los órganos de control. ‘El cambio empieza con acciones simples, como exigir transparencia y responsabilidad ciudadana’, dijo.
Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta actual del CPC, subrayó la urgencia de pasar de la teoría a la acción, adaptando estrategias a cada municipio y fortaleciendo la coordinación institucional. ‘El sistema debe ser un espacio de colaboración para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, no solo un archivo de informes’, añadió.
Finalmente, el diputado Gerardo Pliego Santana, presidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso, prometió impulsar leyes para fortalecer la autonomía de los contralores municipales y crear indicadores públicos que midan el avance real del sistema. ‘La digitalización de trámites es un primer paso, pero se requieren leyes que protejan al sistema contra intereses políticos’.
