El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) advirtió sobre graves riesgos de ilegalidad y criminalización en los procesos de selección del nuevo fiscal general y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, durante una conferencia de prensa realizada el viernes. La observación se basa en la segunda visita de la misión al país centroamericano, en medio de una crisis política que afecta al sistema judicial, caracterizada por depresiones institucionales y la criminalización de líderes indígenas y opositores.
El informe preliminar destaca que irregularidades en los procesos de selección tienen su origen, en parte, en la Universidad de San Carlos (USAC), cuya autoridad, el Consejo Superior Universitario, mantiene vigente a personal con mandatos vencidos, lo que podría invalidar decisiones clave en la elección de altas autoridades judiciales y debilitar la democracia en Guatemala. Los expertos subrayaron que la participación de personas con cargos expirados en estos procesos compromete la legitimidad de toda la selección.
El panel solicitó a la Corte Guatemalteca que establezca mecanismos prioritarios para tramitar amparos relacionados con las elecciones de segundo grado, con el fin de evitar retrasos o manipulaciones en los nombramientos judiciales. Además, enfatizaron la necesidad de una auditoría social constante, tanto por parte de la sociedad civil como de la comunidad internacional, para vigilar estos procesos y prevenir intentos de manipulación.
Guatemala encara un año crucial en 2026, con la renovación del fiscal general, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas, en un contexto de alta tensión por la disputa de control sobre instituciones clave del Estado. La labor de seguimiento del PEI-GT continuará hasta la conclusión de todas las designaciones, señalando que solo procesos transparentes pueden garantizar la independencia judicial y fortalecer la confianza institucional.
En su informe, los expertos reiteraron la inaceptable participación de personas con mandatos vencidos en las decisiones judiciales y alertaron sobre un clima de criminalización que incluye detenciones arbitrarias de líderes indígenas, amenazas a opositores y acciones en contra de estudiantes universitarios que rechazan a las autoridades de la USAC. Este escenario, indicaron, limita la participación democrática y genera presión sobre los actores políticos y sociales.
El panel reconoció además los esfuerzos del presidente Bernardo Arévalo por definir criterios claros en sus nombramientos, aunque recomendaron que estos criterios, junto con los perfiles y procedimientos, sean publicados oficialmente. Los expertos aseguraron que solo un proceso de designación basado en la transparencia y la legalidad puede garantizar la autonomía del sistema judicial y la confianza pública. La misión internacional continuará supervisando los procesos en Guatemala hasta la finalización de las competencias institucionales en materia judicial y electoral.
