La extorsión, vinculada al fenómeno del 'cobro de piso', se ha consolidado como el ilícito más frecuente en ocho estados de México durante 2024, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Los estados afectados son Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas, lo que refleja una expansión respecto al año anterior, cuando la extorsión predominaba en seis entidades.
Este aumento evidencia la persistencia del fenómeno criminal, que involucra amenazas y pagos ilícitos, y que las autoridades, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad, han reconocido como una de las principales preocupaciones del país. De hecho, semanas atrás se lanzó una campaña nacional para frenar este delito.
La ENVIPE estima que en 2024, la inseguridad y los delitos representaron un costo total de 269.6 mil millones de pesos en hogares mexicanos. Cada víctima afectada perdió en promedio 6,226 pesos, y el impacto económico total equivalió al 1.07 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para protegerse, los hogares implementaron medidas preventivas valoradas en un 34.0 por ciento del costo total, mientras que las pérdidas por victimización alcanzaron el 62.0 por ciento, es decir, 177.8 y 91.8 mil millones de pesos, respectivamente. Las acciones más comunes incluyen cambios en cerraduras (22.8%) y reformas en puertas o ventanas (18.8%).
Por primera vez en siete años, la percepción de inseguridad en México creció de manera significativa en 2025. Según la ENVIPE, entre marzo y abril, el 75.6 por ciento de los adultos consideró que vivir en su estado era inseguro debido a la delincuencia, dos puntos porcentuales más que en 2024 (73.6%). Este incremento rompe la tendencia de estabilidad en esta percepción y refleja una mayor preocupación ciudadana.
Asimismo, la inseguridad en el nivel municipal también registró un aumento significativo, aunque no hubo cambios en la percepción a nivel de colonia o localidad. Estos datos resaltan la gravedad del problema social que enfrenta México y la necesidad de fortalecer las estrategias de protección y seguridad ciudadana.
