El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov), no ha logrado regularizar el transporte público, lo que ha impedido obtener apoyos o subsidios del gobierno federal, alertó Dante Álvarez, representante de la asociación civil Cometa Colectiva. En entrevista con El Sol de Toluca, el experto en movilidad indicó que esta falta de regulación genera elevados costos operativos para el sector, afectando calidad del servicio y tarifas para los usuarios.
Álvarez destacó la necesidad de aplicar sin demora tarifas preferenciales para sectores vulnerables como adultos mayores y estudiantes, como ya se hace en otras entidades del país. Sin embargo, en el Estado de México dichas tarifas solo se implementan en sistemas como Mexicable y Mexibús, y en la capital mexiquense son prácticamente inexistentes, beneficiando a pocos usuarios.
El representante enfatizó que exigir la aplicación efectiva de estas tarifas será una demanda constante de los colectivos ciudadanos, en línea con lo logrado en otros estados, excepto Quintana Roo y el propio Estado de México.
Criticó además el uso de recursos públicos, señalando que en lugar de invertirse en infraestructura para ampliar el transporte masivo, se destinan fondos a proyectos políticos, como la renovación de taxis colectivos. Esto va en contra de lo establecido en la Ley de Movilidad, que prioriza la inversión en infraestructura peatonal y transporte sustentable, pero que, según Álvarez, aún no muestra avances en estos aspectos, incluso en la construcción de puentes viales.
Como ejemplo de la problemática, mencionó municipios como Cuautitlán, donde hay saturación de unidades —desde pipas de agua y tráilers hasta taxis irregulares y transporte sin regulación—, situación que refleja la permisividad de las autoridades ante presiones de líderes transportistas. Además, indicó que las autoridades han permitido extender la vida útil de unidades de 10 a 13 años, elevando costos de mantenimiento y operación, lo que lleva a un incremento en las tarifas.
Según datos de la Subsecretaría de Movilidad, más de 250,000 unidades de transporte público en el Estado de México operan fuera de la legalidad, representando uno de los principales obstáculos para ordenar y modernizar el sistema de transporte en la región.
