Vecinos de la comunidad de San Miguel Oxtotilpan, en Temascaltepec, protestaron este lunes en los Juzgados de Almoloya de Juárez para denunciar que Omar N., exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), fue falsamente implicado en un presunto desvío de recursos, por lo que actualmente se encuentra recluido en el penal de Santiaguito.
La manifestación fue encabezada por Silvia Verónica Villa, esposa del detenido, quien acusó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de fabricar pruebas en contra de su esposo. Señaló que, pese a que el caso se relaciona con un intento de desvío de 32 millones 482 mil 330 pesos ocurrido el 1 de diciembre de 2023, existen registros que prueban que su esposo no estuvo en el lugar ni en el horario de las operaciones.
Según la versión oficial, Omar N., jefe del Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM, habría realizado 29 transferencias electrónicas en un lapso de dos horas y cinco minutos con un token de seguridad a su cargo, con la intención de trasladar los recursos a cuentas externas. Sin embargo, las transferencias no se concretaron porque la cuenta institucional contaba con un doble filtro de autorización.
La Fiscalía afirmó que, aunque los recursos no salieron del tribunal, las operaciones quedaron bloqueadas durante casi dos semanas, afectando la operatividad financiera del organismo. Como resultado, se inició una investigación por el presunto abuso de confianza y se emitió una orden de aprehensión, cumplimentada el pasado 26 de agosto.
Por su parte, la familia de Omar N. considera que la acusación es arbitraria y responde a intereses políticos. Silvia Verónica Villa resaltó que su esposo se encontraba en una sesión en el edificio de presidencia del tribunal en el momento del supuesto desvío, añadiendo que «no podía estar en dos lugares al mismo tiempo». También cuestionó que no se haya citado a declarar a otros empleados que tenían acceso a los sistemas bancarios, como Tomás Delgado, quien presuntamente realizó las transferencias con las mismas credenciales.
La familia también recordó que Omar N. fue despedido sin liquidación tras un cambio administrativo y que en su comunidad mazahua han recibido amenazas relacionadas con el caso, las cuales consideran intentos de intimidación. Además, denunciaron que la denuncia se presentó solo tres días después de los hechos, lo cual podría facilitar la manipulación de testimonios.
Sus defensores señalan que el proceso está condicionado por intereses políticos en el tribunal, actualmente dirigido por el magistrado Gerardo Beccker, y que la acusación responde a una estrategia de presiones y manipulación.
Los manifestantes pidieron que el caso sea revisado por instancias federales, argumentando que en el ámbito estatal hay intereses que comprometen la imparcialidad del proceso, y expresaron confianza en que la eventual renovación en el Poder Judicial mexiquense favorecerá una revisión justa.
Omar N. continúa en el Centro Penitenciario de Santiaguito, a la espera de que un juez defina su situación jurídica en próximas audiencias, mientras su familia y comunidad luchan por esclarecer la verdad y evitar que se le involucre en hechos que niegan haber cometido.
