La familia de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, quien perdió la vida durante una protesta antigubernamental en la Plaza Francia, en el Centro de Lima, anunció que evaluará presentar una denuncia por el presunto delito de asesinato bajo la figura de autoría mediata. La defensa está dirigida por el abogado Rodrigo Noblecilla, representante legal del fallecido. La Fiscalía confirmó que Ruiz Sanz recibió un disparo de arma de fuego en el lugar de los hechos.
Noblecilla, en declaraciones a RPP, indicó que está a la espera de los resultados finales de la necropsia y adelantó que considerará involucrar en la denuncia a los máximos responsables del Ejecutivo y Legislativo, incluyendo al presidente interino José Jerí y su gabinete. "Vamos a analizar denunciar por asesinato y autoría mediata, implicar también a los responsables políticos de esto", expresó.
El abogado cuestionó que no se le haya permitido esperar los resultados de la necropsia y denunció irregularidades en el manejo del cuerpo del fallecido, señalando que la Policía, representada por coroneles, intentó tener control sobre el cadáver, lo cual consideró poco transparente.
Asimismo, Noblecilla afirmó que Ruiz Sanz no participaba activamente en la protesta y que solo estaba en la Plaza Francia con su grupo de rap. Según su versión, el joven se encontraba sentado cuando escuchó la presencia de personal policial encubierto, conocidos como 'ternas', y al levantarse, fue alcanzado por un disparo.
El abogado también cuestionó la versión oficial del gobierno respecto a la presencia de personal policial encubierto, asegurando que grabaciones muestran que había varias 'ternas' en la zona, tanto en Abancay como en Plaza Francia, contradiciendo las declaraciones oficiales.
Finalmente, criticó la falta de control sobre estas unidades de la Policía Nacional, conocidas como Grupo Terna, que operan en civil para combatir delitos y actúan con total impunidad. Noblecilla alertó que, para infiltrar organizaciones criminales, se requiere una orden judicial, pero en manifestaciones esa regulación no se cumple, lo que evidencia una falta de control político por parte del Congreso.
