Vecinos de la comunidad de San Miguel Oxtotilpan, en Temascaltepec, se manifestaron este lunes en los Juzgados de Almoloya de Juárez para denunciar la supuesta fabricación de pruebas en contra de Omar N., exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), quien se encuentra recluido en el penal de Santiaguito. La protesta fue liderada por Silvia Verónica Villa, esposa del detenido, quien acusó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de manipular la evidencia para imputar a su esposo en un presunto desvío de recursos. Ella afirmó que existen registros que demuestran que Omar N. no pudo haber realizado las transferencias que se le imputan, ya que en el momento de los hechos se encontraba en otra ubicación. Según la versión oficial, Omar N., en su cargo de jefe del Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM, habría realizado 29 transferencias electrónicas el 1 de diciembre de 2023, por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, con ayuda de un token de seguridad. Sin embargo, las operaciones no se concretaron ya que la cuenta institucional contaba con filtros de seguridad, y aunque los recursos no salieron del tribunal, quedaron bloqueados por casi dos semanas, afectando la operación financiera institucional. La Fiscalía inició una investigación por abuso de confianza y solicitó y logró la orden de aprehensión, cumplimentada el pasado 26 de agosto. La familia del ex funcionario asegura que la acusación es arbitraria y podría tener motivaciones políticas. Silvia Verónica Villa señaló que en el momento de los hechos su esposo estaba en una sesión en el edificio del tribunal y que, además, existen pruebas de ello. La esposa también cuestionó por qué no se ha llamado a declarar a otros empleados que tenían acceso a los sistemas bancarios, como Tomás Delgado, quien también utilizó las credenciales en las transferencias, y que hasta ahora no ha sido incluido en la investigación. La defensa señaló que la denuncia se realizó solo tres días después de los hechos, lo que podría facilitar la manipulación de testimonios, y que el proceso está influenciado por intereses políticos en un tribunal dirigido actualmente por el magistrado Gerardo Beccker. Además, recordaron que Omar N. fue despedido sin liquidación tras el cambio de administración, y denunciaron amenazas en su comunidad originaria, vinculadas al caso, que califican como intento de intimidación. La familia y los vecinos exigen que instancias federales revisen el proceso, ya que consideran que las influencias políticas en el ámbito estatal comprometen la imparcialidad del juicio. Omar N. continúa en prisión preventiva en el centro de Santiaguito, a la espera de las próximas audiencias y de una posible resolución judicial definitiva.
