Familiares de personas desaparecidas en México reiteraron este miércoles su rechazo a la reforma a la Ley General en materia de desaparición de personas propuesta por el Ejecutivo Federal, argumentando que no atiende la crisis humanitaria y, en cambio, busca instaurar un sistema de vigilancia masiva que pone en riesgo la seguridad de toda la población.
En un pronunciamiento público, las agrupaciones denunciaron que la iniciativa no se elaboró mediante un proceso de consulta amplio, transparente ni partió de un diagnóstico real de la problemática que enfrentan miles de familias en el país.
“La iniciativa no responde a la grave problemática que sufrimos como familiares de personas desaparecidas”, señalaron. “No fue construida con las víctimas y puede derivar en un proceso de simulación que sólo traerá más impunidad y prolongará la tortura que vivimos”.
Exigieron al Senado y a la Cámara de Diputados que aborden con profesionalismo, humanismo y seriedad el debate sobre esta reforma, además de convocar de inmediato a un Parlamento Abierto, con metodología clara y participación representativa.
“La Ley General nació del trabajo técnico, responsable y empático de las fuerzas políticas en el Congreso. Cualquier reforma debe darse en esos mismos términos, no por los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación”, añadieron.
Asimismo, pidieron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que supervise responsablemente el proceso legislativo, valorando sus aportes técnicos y su lectura política, para que no se queden al margen.
El pronunciamiento fue firmado por diversas familias afectadas, incluyendo a Adela Mendoza Hernández, Alejandra Maritza Cartagena López, Alicia Solís Reyna, Alma Cecilia Salgado Santana, Alonso Chacón Chávez y Ana Enamorado.
El lunes 23 de junio, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó un informe sobre los avances en mesas de diálogo con colectivos y familiares, informando que se integraron más de 500 aportaciones. Sin embargo, organizaciones denunciaron que el dictamen final mantiene una estructura centralizada, permite el uso discrecional de datos sensibles y debilita el papel de las familias en la búsqueda.
La reforma, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, conserva elementos que preocupan profundamente a las organizaciones de víctimas, quienes advierten que el Estado continúa controlando el sistema sin garantizar justicia, verdad ni participación efectiva.
El dictamen, resultado de más de 30 ajustes derivados de los diálogos con colectivos tras la evidencia de un posible centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, mantiene los mismos desequilibrios estructurales de la versión original. Aunque el gobierno presenta el documento como resultado del diálogo, las organizaciones temen que sea aprobado en el actual periodo extraordinario del Congreso sin atender sus demandas de fondo.
