El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en conjunto con familiares de víctimas, exigió a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, un plan integral y concreto para prevenir y erradicar la violencia feminicida.
En entrevista, María de la Luz Estrada, directora del OCNF, señaló que a pesar de las dos alertas de género activas en la entidad, las políticas públicas implementadas han sido un fracaso, reflejado en que el Estado de México concentra el mayor número de feminicidios de niñas y adolescentes a nivel nacional, con 833 casos de 2,636 registrados entre 2015 y 2025.
El Estado de México fue la primera entidad en decretar una alerta de género en 2015, pero, según el OCNF, esto no ha reducido los crímenes. Estrada criticó que las políticas de prevención no se adapten a las realidades de cada municipio. “Las políticas preventivas en el Estado de México han sido fallidas. Es necesario trabajar y revisar, bajo un enfoque territorial, porque no podemos aplicar las mismas políticas en todos lados sin entender qué vulnera a cada municipio”, dijo.
Puso como ejemplo el caso de Fátima, donde la falta de seguridad en escuelas y espacios públicos permitió que los agresores actuaran, al aprovecharse de un Estado que no protege.
Ante la ineficacia de las alertas de género, recomendó mejorar la ejecución del Fondo de Reparación, garantizando transparencia y accesibilidad para que las familias de las víctimas reciban el apoyo adecuado. También urgió incrementar el presupuesto destinado a prevención, orientándolo hacia refugios, campañas educativas y capacitación con perspectiva de género.
Asimismo, consideró necesario aplicar sanciones a los servidores públicos negligentes, pues la impunidad aumenta cuando las autoridades responsables no cumplen con su labor, y reevaluar las alertas para analizar resultados y rediseñar estrategias que tengan un impacto real en la reducción de feminicidios.
La directora del OCNF informó que, tras una primera reunión con la Gobernadora en enero, esta incumplió un segundo encuentro pactado para el 25 de marzo. En abril, enviaron un oficio para reactivar la mesa técnica de trabajo, pero aún no han recibido respuesta.
“Hacemos un llamado urgente a la gobernadora: no basta con escuchar, hay que actuar. Necesitamos conocer su plan para cumplir la sentencia de la Suprema Corte, revisar las alertas y detectar las deficiencias”, criticó Estrada.
Entre las demandas del OCNF están la revisión de las alertas de género y desapariciones, dado que en el Estado de México también existe una alerta doble en estos delitos; la creación de un programa de seguridad centrado en escuelas y transporte público; y la atención a las familias de las víctimas mediante protocolos claros para evitar revictimización.
Respecto al fallo de la Suprema Corte del 14 de mayo sobre el caso de Fátima Quintana, que reconoció por primera vez que los padres de víctimas de feminicidio también son víctimas y prohibió topes económicos en reparaciones previstos en el Código Penal del Estado de México, Estrada explicó que esto obliga a las autoridades, especialmente en la entidad, a analizar el contexto criminal mediante zonas de riesgo y patrones delictivos, implementar medidas de no repetición, como botones de pánico e iluminación pública, y garantizar la reparación del daño, incluyendo memoriales y apoyo psicoemocional a las familias.
Concluyó señalando que los feminicidios afectan vidas y generan daños físicos y emocionales en los sobrevivientes. En muchos casos, las madres de las víctimas desarrollan cáncer o depresión severa debido al estrés generado por la impunidad.