El agente interventor de Famisanar, Germán Darío Gallego, informó que la EPS detectó presuntas irregularidades en la IPS Rohi, relacionadas con facturación indebida, incluyendo cobros a nombre de pacientes fallecidos. Ante estas evidencias, la administración decidió cancelar unilateralmente el contrato con la IPS el pasado 31 de diciembre.
Según detalló Gallego, durante la intervención se encontraron inconsistencias en los procesos de facturación y posibles prácticas de corrupción que motivaron la separación con la institución. El funcionario afirmó que posee soportes documentales que ya fueron entregados a las autoridades judiciales para las investigaciones correspondientes.
Además, se notificó a la Secretaría de Salud departamental para que se realicen auditorías que verifiquen las condiciones de habilitación de la IPS y el cumplimiento de los requisitos laborales y sanitarios en Cundinamarca y Bogotá. La decisión de terminar el contrato se fundamenta en el análisis de la documentación recopilada durante la intervención.
Gallego expresó preocupación por su seguridad personal y la de su familia, debido a ataques y señalamientos en redes sociales vinculados a las acciones emprendidas. El funcionario aseguró que los ataques buscan desacreditar su trabajo, al tiempo que reiteró que su objetivo es combatir la corrupción y mejorar la atención a los afiliados.
El interventor reafirmó que continuará denunciando irregularidades dentro del sistema de salud y que su compromiso es limpiar y fortalecer la EPS. La intervención forma parte de la política de cero tolerancia a la corrupción promovida por el gobierno de Gustavo Petro, y advirtió que las IPS que incurran en prácticas ilegales serán retiradas del sistema.
Famisanar, actualmente en proceso de intervención por la Superintendencia Nacional de Salud, continúa revisando contratos y procesos internos en busca de posibles irregularidades. Las evidencias recopiladas han sido enviadas a las autoridades judiciales para la investigación, y también se llevan a cabo auditorías para verificar el cumplimiento de las condiciones reguladoras en las operaciones en Cundinamarca y Bogotá.
