Fanny Arreola Pichardo, actual presidenta municipal de Apatzingán, Michoacán, es economista egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde también realizó estudios en Gestión Pública y Sustentabilidad Ambiental. Además, cuenta con diplomados en Derechos Humanos y Administración Pública.
Con 36 años, Arreola Pichardo hizo historia el 1 de septiembre de 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar el municipio de Apatzingán. Antes de su cargo, fue diputada local en la LXXV Legislatura del Congreso de Michoacán (2021-2024), donde promovió temas relacionados con la educación, el medio ambiente y la seguridad pública.
Durante su gestión, ha mostrado un firme compromiso con el sector agrícola, considerándolo clave para la economía regional. En discursos públicos, ha expresado su respaldo a los campesinos, destacando la necesidad de inversión, precios justos y políticas sostenibles para fortalecer el campo.
El asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores limoneros del Valle de Apatzingán, generó gran indignación en la comunidad y en el sector agrícola local. Sin embargo, las declaraciones de la alcaldesa causaron controversia, ya que calificó el crimen como parte de los “hechos que al final del día ocurren”, frase que fue interpretada por algunos como una minimización del acto.
Posteriormente, Arreola Pichardo afirmó que dentro de las asociaciones citrícolas podrían haberse infiltrado integrantes de la delincuencia organizada, lo que complica distinguir entre productores legítimos y personas vinculadas a grupos criminales. La alcaldesa reveló que uno de los primeros detenidos por el homicidio portaba una credencial que lo acreditaba como miembro de la Asociación de Citricultores, lo que, a su parecer, evidencia vínculos entre ciertos productores y el crimen organizado.
La región de Tierra Caliente, donde se ubica Apatzingán, continúa siendo una de las áreas más afectadas por la violencia en Michoacán. Desde julio de este año, enfrentamientos entre grupos criminales han causado el desplazamiento forzado de más de 300 personas, principalmente en la comunidad de El Guayabo.
Arreola Pichardo reconoció que la inseguridad ha provocado un éxodo constante y que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, muchas familias aún no pueden regresar a sus hogares. Su gobierno mantiene coordinación con las instancias estatales y federales para reforzar la seguridad y facilitar el retorno de los desplazados.
Apatzingán enfrenta una situación compleja, similar a la del resto del país, marcada por la violencia del crimen organizado, disputa por el control de la producción limonera y la inquietud de los habitantes ante la falta de paz duradera.
