La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión en contra del contraalmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando “N”, debido a su ausencia en la audiencia judicial de este miércoles en los juzgados federales de Almoloya de Juárez. El operativo está relacionado con su presunta implicación en una red de huachicoleo fiscal en puertos del Golfo de México.
La diligencia se esperaba realizar en el Centro de Justicia Penal Federal, junto al penal de máxima seguridad del Altiplano, pero ni el imputado ni su defensa acudieron en la fecha establecida. Solo se presentaron funcionarios del Ministerio Público, quienes solicitaron al juez que girara un nuevo mandamiento judicial para detenerlo.
Fuentes judiciales informaron que tras la inasistencia, se llevó a cabo una audiencia privada en el mismo recinto, en la que la Fiscalía formalizó la petición de captura. Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado si el juez concedió la orden.
Fernando “N” es considerado prófugo desde que su solicitud de amparo fue negada, tratando de evitar su arresto. La defensa del militar no ha emitido declaraciones sobre su inasistencia ni ha confirmado si continúa representándolo en el proceso.
El proceso legal contra él ha sido marcado por múltiples retrasos y ausencias en las audiencias. La primera cita fue programada para el 2 de octubre, pero fue reprogramada varias veces, incluido para este miércoles. La falta de comparecencias ha impedido que el juez formalice cargos contra él.
Según la FGR, Fernando “N” está investigado por su posible participación en una red que habría importado combustible mediante fracciones arancelarias falsas, presentándolo como aceites o aditivos industriales para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La organización, apodada “Los Primos”, operó principalmente en los puertos de Altamira y Tampico entre 2023 y 2025, involucrando a empresarios, funcionarios aduanales y mandos navales.
La fiscalía calcula que las maniobras ilícitas generaron beneficios superiores a 150 millones de dólares, además de causar pérdidas millonarias al Estado mexicano.
El caso surgió tras inspecciones en aduanas marítimas detectadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que halló irregularidades en pedimentos de importación y certificados de laboratorio. La carpeta 325/2025 también incluye reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre movimientos de recursos en compañías en el extranjero.
En el expediente también aparece Manuel “N”, hermano del contraalmirante, quien ya fue vinculado a proceso por los mismos hechos y enfrenta medidas cautelares.
La Fiscalía sostiene que ambos participaron en la estructura que facilitó la entrada ilícita de combustibles, aprovechando su rango en la Marina y conexiones en los puertos del Golfo. El proceso penal se realiza bajo la competencia del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya.
Durante la audiencia, la fiscalía argumentó que la inasistencia del imputado evidencia incumplimiento procesal y obstáculo para el avance del proceso, solicitando una nueva orden de aprehensión y su ejecución coordinada con fuerzas federales.
Si logra ser detenido, Fernando “N” deberá comparecer ante el juez para que le formulen cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. La FGR indicó que buscará penas de hasta 60 años de prisión para los funcionarios implicados en este caso, considerado uno de los más importantes por su alcance y el nivel jerárquico de los involucrados.
