La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la publicación de un nuevo protocolo homologado para la investigación de delitos contra personas LGBT+, con el objetivo de garantizar su acceso a la justicia y prevenir la revictimización. La iniciativa surge ante la frecuente falta de atención y el trato discriminatorio que enfrentan muchas víctimas al denunciar agresiones, lo que desanima a buscar apoyo y justicia.
Gloria Careaga, coordinadora de la Fundación Arcoiris y responsable de elaborar el protocolo, resaltó que este instrumento busca no solo esclarecer delitos y asegurar que los responsables enfrenten la ley, sino también proteger los derechos de las víctimas durante todo el proceso. "La comunidad LGBT+ enfrenta problemas en la investigación por una educación sexual deficiente en México, que perpetúa estigmas y discriminación, obstaculizando el acceso a la justicia", explicó en entrevista con El Sol de México.
Uno de los avances destacados es el reconocimiento de la familia social, conformada por personas que no son familiares de origen pero con las que la víctima comparte vínculos de cuidado. Careaga destacó que en México la discriminación inicia en el núcleo familiar, por lo que el protocolo busca orientar a los servidores públicos del sistema de justicia sobre cómo actuar para ofrecer acompañamiento y protección a las víctimas LGBT+ y sus familiares.
En casos agresivos como homicidios o desapariciones, organizaciones y amistades suelen ser las principales demandantes de justicia, por lo cual, la inclusión y reconocimiento de estos actores en las investigaciones resulta crucial, afirmó Careaga. Además, el nuevo protocolo busca dotar al sistema judicial de mejores herramientas, especialmente por la falta de educación sexual en la formación de los funcionarios.
En relación con la no revictimización, la FGR establece medidas para evitar preguntas innecesarias sobre la vida privada, cirugías, prácticas sexuales o identidad de la víctima, así como respetar cómo quiere ser nombrada. En delitos sexuales o de violencia extrema, si la víctima no se siente cómoda con el personal, puede solicitar un cambio sin retrasos, y se recomienda grabar la declaración inicial para minimizar el impacto emocional.
Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a Identidades Trans, valoró estas acciones, ya que muchas personas trans aún enfrentan rechazo por parte de las fuerzas de seguridad cuando su documentación no refleja su género. "La revictimización sucede cuando las autoridades maltratan o usan un lenguaje inapropiado, y cuando se les exige pruebas de su condición de víctima, cargando con un doble juicio", expresó.
Suárez también destacó que, aunque el protocolo se dirige principalmente a los elementos de investigación, sería importante que la capacitación también alcance a los policías, quienes son los primeros en responder ante una agresión. Recordó un caso en Chiapas, donde una mujer trans fue asesinada en 2006 y, por la falta de protocolos adecuados, el proceso tardó años y el culpable fue puesto en libertad.
La especialista afirmó que, si bien celebran la implementación del protocolo, todavía se requiere un trabajo sólido en la capacitación policial para garantizar que los casos no se estanquen o se echen para atrás. Además, aclaró que esta medida solo aplicará para nuevos casos de investigación, por lo que será necesario litigio en los procesos anteriores para que puedan beneficiarse de ella.
El protocolo, publicado recientemente, entra en vigor a partir de su difusión y busca ser un paso importante en la protección efectiva de los derechos de la comunidad LGBT+ en el sistema judicial mexicano.
