Tras casi diez años de investigaciones, detenciones y procesos judiciales, el Tribunal Constitucional de Perú declaró la nulidad total del caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, marcando el cierre de uno de los procesos más emblemáticos vinculados a Odebrecht y al fujimorismo.
El caso inició el 8 de marzo de 2016, cuando la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Keiko Fujimori y su entonces esposo, Mark Vitto Vilanella, por actividades de recaudación de fondos mediante cócteles y rifas organizados por Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), con ingresos reportados por más de 2 millones de soles.
En 2017, la ex candidata presidencial se vio involucrada en la trama de corrupción de Odebrecht, tras la declaración del expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, quien reveló aportes a campañas de Ollanta Humala, Keiko Fujimori y el Partido Aprista Peruano. Aunque Fujimori negó vínculos con Odebrecht y rechazó los fondos ilícitos, la fiscalía inició una investigación formal por lavado de activos y vinculaciones con Odebrecht.
Durante ese año, la Fiscalía allanó inmuebles vinculados a Fuerza Popular, y Fujimori fue interrogada. En 2018, fue detenida durante diez días por presunta organización criminal y lavado de dinero, pero posteriormente fue liberada. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, se le dictó prisión preventiva por 36 meses, que posteriormente fue reducida a 15 meses en 2020 debido a la emergencia sanitaria.
El proceso judicial continuó con acusaciones de lavado de activos y financiación ilícita, y en julio de 2024 comenzó el juicio oral. Sin embargo, en diciembre de ese año, el Tribunal Constitucional anuló la acusación fiscal contra José Chlimper y ordenó una nueva imputación.
Finalmente, en enero de 2025, el Poder Judicial dejó sin efecto el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros acusados. La resolución definitiva fue publicada el 20 de octubre de 2025, en la que el TC declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la abogada Giulliana Loza, en favor de Fujimori.
El tribunal concluyó que se violó el principio de legalidad, ya que el delito de receptación patrimonial se incorporó en 2016, después de los hechos investigados, lo que constituye una vulneración a derechos fundamentales. Además, se informó que la finalidad política de un partido no puede equipararse a la búsqueda de beneficios económicos ilícitos, por lo que el delito de organización criminal no es aplicable.
La sentencia también destacó la excesiva duración del proceso, la repetición de acusaciones y la falta de claridad jurídica, que perjudicaron el derecho de Fujimori a un juicio en plazo razonable. La decisión no fue unánime; algunos magistrados votaron a favor de la nulidad, mientras otros expresaron su disconformidad.
Giulliana Loza expresó en redes sociales que el fallo respeta la legalidad y reconoce que Fujimori fue investigada por hechos no constitutivos de delito. Por su parte, el abogado Wilber Medina resaltó que la resolución fue adoptada por mayoría, respetando la colegiación del tribunal. La sentencia dejó sin efecto todas las resoluciones judiciales y fiscales relacionadas con el caso, que involucraban delitos de lavado de activos, organización criminal, falso testimonio y falsedad genérica.
