La fiscal federal Josefina Minatta presentó una denuncia formal contra el proyecto de la planta de hidrógeno verde que impulsa la empresa HIF en Paysandú, Uruguay, advirtiendo sobre posibles impactos ambientales que afectarían territorio argentino. La denuncia, que aún no implica imputaciones, señala que la operación de la planta podría generar contaminación y violar el Estatuto del Río Uruguay, acordado entre ambos países en los años 60, por no haber sido consultados previamente.
Minatta argumentó que el proyecto podría causar diversos tipos de contaminación, incluyendo emisiones gaseosas y líquidas, así como impactos visuales y lumínicos en áreas protegidas y humedales como las Islas del Queguay y sitios Ramsar. Además, se alertó sobre la dispersión de contaminantes debido a la dirección de los vientos, que podrían afectar zonas pobladas en ambas márgenes del río.
El complejo, que representa una inversión superior a 5 mil millones de dólares, tiene la capacidad de producir aproximadamente 880 mil toneladas anuales de e-combustibles y ya cuenta con contratos en Europa. Sin embargo, tanto gobiernos anteriores como actuales en Uruguay han trabajado para habilitar el proyecto, y en diciembre de 2025 firmaron un acuerdo que establece la hoja de ruta para su desarrollo.
La fiscal también señaló que Uruguay incumplió el procedimiento de consulta establecido en el Estatuto del Río Uruguay, ya que no se comunicó ni se gestionó la participación de Argentina en las decisiones relacionadas. Como ejemplo, citó la respuesta de la Cancillería uruguaya a la Fiscalía argentina, que reconoció no haber iniciado los mecanismos de consulta previstos.
Entre los riesgos detectados, Minatta mencionó la toma indiscriminada de agua del río, contaminación visual, emisiones atmosféricas y térmicas, peligrosidad del metanol, y daños potenciales en áreas naturales protegidas y zonas de importancia internacional. La fiscal solicitó al canciller argentino que requiera toda la información relevante a Uruguay, incluyendo datos reservados, y que órganos binacionales como la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) evalúen la situación para mitigar posibles daños.
La denuncia también resalta el riesgo para la calidad del agua y el aire, además de la vulnerabilidad de la población ribereña ante posibles riesgos climáticos y de inundaciones. Aunque la planta aún no ha comenzado operaciones, ya se han otorgado permisos en Uruguay, lo que incrementa la preocupación por las posibles consecuencias ambientales y sociales del proyecto.
