El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, solicitó este martes que la Corte Suprema condene al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores por su presunta participación en un intento de golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó oficialmente la Procuración. En sus alegatos finales, Gonet acusó a los involucrados por cinco delitos: “golpe de Estado”, “organización criminal armada”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “daño cualificado por violencia grave o amenaza” y “deterioro de patrimonio protegido”. La acusación contempla posibles penas de entre 12 y 40 años de prisión. Según el fiscal, existe un fuerte conjunto de pruebas —incluyendo manuscritos, archivos digitales, mensajes y registros— que evidencian una trama conspiratoria contra las instituciones democráticas. Además, los interrogatorios realizados durante la investigación demostraron que los acusados conformaron “una organización criminal” que actuó para impedir el funcionamiento de los poderes del Estado, derrocar un gobierno legítimamente electo y destruir edificios públicos. Gonet vinculó directamente a Bolsonaro y a sus coacusados con los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de ultraderecha vandalizaron las sedes del Supremo Tribunal, Congreso y Presidencia con la intención de forzar una intervención de las Fuerzas Armadas que apartara a Lula del poder. El fiscal concluye que estos ocho acusados planearon acciones para mantener un poder autoritario mediante la ruptura violenta del orden democrático. El proceso judicial se encuentra en la Primera Sala del Supremo, que ya cerró la fase de instrucción, y ahora los imputados presentarán sus posiciones antes de que el tribunal dicte sentencia, prevista para entre septiembre y octubre. Además de los ocho principales acusados, cerca de treinta sospechosos más están pendientes de juicio. Recientemente, el caso se vio afectado por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció un arancel del 50 por ciento a las importaciones brasileñas, alegando que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” en un contexto internacional.
