La organización no gubernamental Foro Penal anunció que presentará ante el Parlamento venezolano una lista con 232 casos de personas detenidas por motivos políticos que, según su análisis, quedaron excluidas de la reciente Ley de Amnistía sancionada por la Asamblea Nacional. La iniciativa busca garantizar que quienes han sufrido vulneraciones de derechos humanos puedan acceder a los beneficios legales establecidos en la normativa, promovida tras el cambio de gobierno en Venezuela.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, informó que el listado será entregado a la comisión de seguimiento del Parlamento en cuanto la ley sea publicada en la Gaceta Oficial. El documento, ya elaborado, pide la revisión de estos casos, ya que la mayoría de los afectados permanecen fuera del alcance de la amnistía, según sus criterios.
La Ley de Amnistía fue promulgada el jueves por la noche por la presidenta interina Delcy Rodríguez y firmada posteriormente, estableciendo la revisión inmediata de expedientes relacionados con hechos de confrontación política ocurridos desde 1999. La normativa contempla la amnistía para ciudadanos investigados o condenados por hechos vinculados con manifestaciones, protestas, episodios de violencia y procesos electorales, incluyendo eventos posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, en las que se reportaron detenciones masivas.
La ley limita su aplicación a ciertos contextos políticos dentro del período mencionado, excluyendo arrestos ocurridos en 15 de los 27 años cubiertos por la legislación. Según estimaciones de Foro Penal, al menos 400 presos políticos podrían seguir en prisión y sin acceso a la amnistía, mientras que aproximadamente 300 pueden estar incluidos en la lista de beneficiarios, dependiendo de la implementación efectiva de la ley.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, destacó que la amnistía representa un logro para las familias de presos políticos, aunque advirtió que la represión estructural en el país continúa. Además, aseveró que la ley no es indispensable para liberar a los detenidos y respaldó las liberaciones que se han llevado a cabo desde el 8 de enero, con un balance de 448 personas liberadas hasta el 18 de febrero, según datos del mismo organismo.
Por su parte, la Asamblea Nacional creó una comisión especial para supervisar la aplicación de la nueva ley de amnistía, encabezada por el diputado Jorge Arreaza. La función de esta comisión será organizar el seguimiento por áreas y brindar información al público sobre el proceso.
La legislación establece que los beneficiarios deben presentarse ante las autoridades, aunque quienes están en el exilio podrán ser representados por abogados y no podrán ser detenidos durante el trámite. La iniciativa surge en un contexto de tensiones tras la detención en Estados Unidos del exdictador Nicolás Maduro a principios de 2026, y busca fortalecer los mecanismos de liberación y derechos políticos en Venezuela.
