Diversas voces del ámbito legislativo, institucional, empresarial y ciudadanas sostuvieron que es crucial fortalecer la figura del testigo social como mecanismo indispensable para asegurar la transparencia y vigilancia en las contrataciones públicas, tras la reciente eliminación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales del Estado de México (Infoem).
En el foro ‘Testigos sociales como mecanismo de participación ciudadana en la gestión de las contrataciones públicas’, impulsado por la diputada Ruth Salinas Reyes, el presidente de la Diputación Permanente, diputado Maurilio Hernández González, advirtió que la desaparición del Infoem genera un reto jurídico al dejar sin base legal a una de las entidades responsables de la certificación de los testigos sociales.
Hernández González recordó que, según el Código Administrativo del Estado de México, dicha certificación debía ser realizada por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el propio Infoem, por lo que ahora es necesario legislar para que otra institución asuma esa función. Llamó a elaborar leyes secundarias con responsabilidad para evitar que la ciudadanía quede en indefensión en temas de acceso a información y control en las contrataciones públicas.
‘Tenemos que actualizarnos. Alguna figura tendremos que generar para que continúe la certificación; si no, el testigo social queda sin dientes’, advirtió.
El subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, Miguel Cortés Islas, expresó el compromiso del gobierno estatal de impulsar mecanismos de transparencia en los procesos de contratación, resaltando la creación de un Sistema Informático de Testigos Sociales en el Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029, que permite registrar y controlar la participación de estos actores.
Desde la perspectiva ciudadana, Javier Sabino Portocarrero Garduño, testigo social federal, destacó que la figura del testigo social no debe ser vista solo como un requisito administrativo, sino como una herramienta ética y crítica contra la corrupción. Invitó a las cámaras empresariales a exigir su presencia en los procesos, como medida para evitar simulaciones.
‘El testigo social es un guardián del gasto público. Debe tener conocimientos en legislación y ser totalmente ajeno a intereses políticos o económicos’, dijo.
La titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Liliana Dávalos Ham, puntualizó que los testigos sociales son aliados fundamentales para mantener la legalidad en licitaciones, adquisiciones y obras públicas. Resaltó que su presencia ayuda a supervisar y corregir posibles irregularidades, siendo una figura que debe fortalecerse con perfiles adecuados y capacitación constante.
Por otro lado, el contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences, explicó que la ley actual obliga a los testigos sociales a emitir recomendaciones y alertar sobre irregularidades, por lo cual requiere un marco normativo reforzado para asegurar la transparencia en las contrataciones.
Desde el sector empresarial, Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), afirmó que la participación de los testigos sociales es una necesidad estratégica para combatir la opacidad y la corrupción, siendo una vía para promover una competencia justa y conocimientos técnicos en los procesos.
‘La austeridad no debe estar peleada con la eficiencia. No sirve ahorrar en vigilancia si eso abre la puerta al despilfarro. Necesitamos procesos abiertos, profesionales y vigilados’, expresó.
Finalmente, Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem, aseguró que el Comité de Registro de Testigos Sociales, actualmente conformado por la UAEMéx y el propio Infoem, debe seguir funcionando y fortalecerse, incluyendo mayor participación ciudadana. Propuso reformas al Código Administrativo para impedir favoritismos, promover la rotación de testigos y que la designación sea realizada por instancias imparciales, como la Contraloría, en lugar de las dependencias contratantes.
En entrevista, Ruth Salinas anunció que se realizarán 30 foros como parte de un Parlamento Abierto para recopilar propuestas y crear una iniciativa sólida, con solicitudes de encuentros en universidades y participación activa de testigos sociales. Los foros se prevé que tengan lugar entre julio y septiembre, con la intención de presentar la iniciativa en octubre, buscando incorporar todas las voces en temas relacionados con salud, comunicaciones, transportes y obras públicas, incluyendo vigilancia de obras abandonadas, hospitales sin equipamiento y carreteras en mal estado.
