Desde 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha advertido sobre deficiencias en los sistemas de control y vigilancia en los puertos del Golfo de México, gestionados por la Secretaría de Marina. Estas fallas facilitaron la entrada de embarcaciones con hidrocarburos importados sin pago de impuestos, integrando la red de corrupción conocida como huachicol fiscal.
Además, la ASF encontró que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) presentaba vacíos en sus esquemas de vigilancia y evaluación de riesgos desde hace tres años.
En la auditoría de cumplimiento 2021-2-13J2Y-19-0001-2022, publicada en 2022, la ASF detectó que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Altamira carecía de un comité o grupo de trabajo dedicado a auditoría interna, lo que impedía un control riguroso sobre las embarcaciones que utilizaban sus instalaciones. Este puerto fue escenario de los primeros indicios del huachicol fiscal, como el aseguramiento, el pasado 19 de marzo, de 10 millones de litros de combustible ilegal provenientes de Texas a bordo del buque Challenge Procyon.
La misma auditoría alertó que la Asipona de Altamira no implementó un comité de administración de riesgos, encargado de evaluar amenazas que pudieran obstaculizar sus objetivos institucionales.
Para Michel Levien, experto en estrategia anticorrupción, el huachicol fiscal involucra desde funcionarios encargados de verificar en aduanas hasta altos mandos que colaboran con redes criminales, reflejando una corrupción de múltiples niveles.
Aunque involucra varios puertos, las operaciones principales se registraron en Altamira, Tampico y Veracruz, que son los más accesibles para cargas provenientes de Texas. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga, por ejemplo, que el 2 de junio de 2023, el buque cisterna Pis Parangon, registrado en Singapur, atracó en Altamira con 6.4 millones de kilos de aditivos para lubricantes, utilizados para disfrazar hidrocarburos.
La auditoría de 2022 también reveló que la Asipona de Altamira no realizó evaluaciones de control interno ni de riesgos en sus sistemas informáticos, ni realizó actividades de control para mitigar posibles riesgos operativos, sin comunicar estos hallazgos a las autoridades correspondientes.
De manera similar, en Veracruz, la ASF encontró que la vigilancia fue delegada en la empresa Sepiver SA de CV, la cual resultó negligente. Aunque el contrato de 2023 exigía vigilancia continua y control de accesos, no se presentó evidencia de que estas tareas se hubieran cumplido. La ASF promovió una responsabilidad administrativa sancionatoria para investigar posibles irregularidades.
Por otra parte, la Administración General de Aduanas (AGA), que hasta 2021 dependía de la Secretaría de Hacienda y desde 2022 está a cargo de la Secretaría de Marina a través de la ANAM, también presenta fragilidades en sus controles. La auditoría de 2023 evidenció que en 2022, la vigilancia de 64 inmuebles en 52 puntos fronterizos fue concesionada a la empresa Contratistas y Logística Especializada, SA de CV, sin evidencia de supervisión efectiva.
Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), explica que el mercado ilegal de hidrocarburos comienza en Estados Unidos, donde se adquiere combustible, y luego se importa y distribuye en México a menor precio mediante la corrupción de funcionarios en puertos, empresas de almacenamiento, transporte y comercialización. Valdés señala que se usan pedimentos clonados para simular importaciones legales, lo que requiere la complicidad de múltiples actores en toda la cadena.
Este fenómeno, que mueve un negocio estimado en tres mil millones de pesos, evidencia la necesidad de fortalecer los controles en los puertos y las aduanas para combatir la corrupción y el ingreso ilegal de hidrocarburos al país.
