Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, expresó su profunda insatisfacción con las políticas del gobierno de Pedro Sánchez relacionadas con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las decisiones fiscales. En una entrevista en la Cope, Garamendi calificó de 'hiper enfadado' su reacción ante lo que considera una campaña del Ejecutivo para desacreditar a los empresarios.
El líder empresarial reaccionó a las declaraciones de Sánchez, quien afirmó que todos deben participar en los ajustes económicos y distribuir recursos cuando sea necesario. Garamendi defendió el historial de diálogo de la patronal, destacando que siempre ha participado en negociaciones con respeto, aunque reconoció que desde 2020 no existe un acuerdo conjunto con el gobierno y los sindicatos respecto al SMI. Desde entonces, el salario mínimo ha ido aumentando de forma anual sin la participación de la patronal.
Garamendi criticó la metodología utilizada por los expertos del Ejecutivo para determinar el SMI, alegando que excluyeron sectores como agricultura y pesca, lo que distorsionó la media salarial. Además, recordó que la fijación del salario mínimo es competencia exclusiva del gobierno y calificó como decisiones unilaterales las subidas realizadas en los últimos años.
El presidente de la CEOE también cuestionó la política fiscal del gobierno, en particular los altos impuestos sobre seguros sociales, que, según afirma, limitan la capacidad de las empresas para mejorar los salarios. Además, lamentó que la narrativa oficial se centre en las grandes empresas del Ibex, ignorando a los más de dos millones de pequeños empresarios que, según Garamendi, generan riqueza en el país.
Otro tema relevante para Garamendi fue el elevado absentismo laboral, que estimó en 1.7 millones de personas diarias y cuya carga económica asciende a 32 mil millones de euros anuales. Criticó que las respuestas del Ejecutivo se hayan centrado en ampliar permisos laborales en lugar de abordar la gestión eficiente de las bajas médicas y propuso incluir a los sindicatos en mesas de negociación para tratar esta problemática.
Por último, Garamendi manifestó su preocupación por las condiciones de los profesionales de la salud, subrayando la necesidad de mejorar la formación, salario y gestión del sistema sanitario público. En su opinión, tanto las políticas económicas como la gestión pública requieren un análisis riguroso y equitativo, donde los empresarios y los gobiernos asuman responsabilidades en la creación y distribución de riqueza en España.
