El Gobierno de Ghana rechazó la intención de la Administración estadounidense del presidente Donald Trump de deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García hacia su país, argumentando que no aceptará su retorno. Así lo comunicó el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, a través de Facebook, dejando en claro que Ghana no puede ser considerado destino para Ábrego García, quien enfrenta cargos de tráfico de inmigrantes en Estados Unidos y ha declarado su inocencia.
Ablakwa explicó que Ghana, motivada por principios humanitarios y solidaridad africana, solo acepta a un número limitado de ciudadanos de África occidental sin antecedentes penales, y esta política no se extenderá al caso del salvadoreño. Además, negó categóricamente las informaciones difundidas por medios estadounidenses, en particular por ABC News, que señalaban que Estados Unidos podría deportar a Ábrego García a Ghana después de haber considerado previamente destinos como Uganda y Esuatini.
Kilmar Ábrego García, quien huyó a Estados Unidos hace más de una década tras amenazas de pandillas en El Salvador y fue deportado de manera errónea en marzo pasado, ahora está en medio de un conflicto legal tras ser arrestado de nuevo en Tennessee por supuestos delitos de tráfico de inmigrantes. Reside en Maryland con su esposa estadounidense y sus tres hijos, y fue detenido en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador tras ser deportado por un presunto 'error administrativo', a pesar de que un juez de inmigración había permitido que permaneciera en Estados Unidos debido a los peligros que enfrentaba.
Tras su regreso, las autoridades estadounidenses le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad a cambio de deportarlo a Costa Rica, considerado un tercer país seguro, pero él se negó, al igual que rechazó ser enviado a Uganda. Un juez federal señaló que el proceso legal en su contra podría estar siendo utilizado como represalia ilegal por la Administración Trump.
Mientras tanto, la reanudación de vuelos de deportación a países terceros fue autorizada en junio pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos, como parte de las políticas de expulsión rápida impulsadas por Trump, quien ha firmado acuerdos con países en África como Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur, en línea con sus promesas de campaña para duras medidas contra la inmigración.
