Los 32 gobernadores y gobernadoras del país, junto al Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República, acordaron fortalecer las instituciones de seguridad y atender la crisis de personas desaparecidas en México. Este compromiso fue formalizado durante la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, con la participación de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.
Los acuerdos consisten en dos pilares principales: primero, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, y segundo, la búsqueda de personas desaparecidas y acciones relacionadas. Ambos fueron aprobados por unanimidad.
En relación con el primer acuerdo, se estableció que los gobernadores deben presentar ante sus Congresos estatales iniciativas para adecuar las leyes locales al marco legal federal, en línea con las nuevas leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública. Así, las leyes estatales deberán regular aspectos como las mesas de paz, requisitos mínimos para Secretarías de Seguridad, Procuradurías y Fiscalías, además de desarrollar capacidades policiales, periciales y penitenciarias.
Asimismo, los estados se comprometen a incrementar la capacidad de sus policías, Ministerios Públicos y Fiscalías para 2029. Para ello, en 2026, el SESNSP, mediante la Academia Nacional de Seguridad Pública, publicará un modelo homologado para la profesionalización policial, cuyo cumplimiento será obligatorio en todas las entidades de México para 2028.
En materia de desapariciones, los gobernadores también acordaron homologar los tipos penales de desaparición forzada y cometida por particulares, fortaleciendo o creando fiscalías especializadas, y estableciendo procedimientos claros para declaraciones de ausencia y aplicaciones de la alerta nacional de búsqueda. Además, las instituciones deben actualizar el protocolo de búsqueda máxima en enero de 2025 y adecuarse a este a partir de 2026.
El Secretariado Ejecutivo también diseñará una metodología para la base nacional de investigación en casos de personas desaparecidas y reforzará las capacidades forenses.
Por otra parte, en respuesta a la problemática de extorsiones, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el pasado 10 de julio envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que permita al Congreso Federal legislar en esta materia y crear una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión. Dicha ley buscará que la persecución de extorsiones sea automática, homogeneizando el tipo penal y promoviendo la creación de fiscalías especializadas.
Mientras esta ley entra en vigor, las autoridades estatales deben consolidar unidades de investigación contra extorsiones antes de enero de 2026, para atender denuncias recibidas a través de la línea de denuncia 089.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum destacó la importancia de traducir estos acuerdos en estrategias concretas en cada estado, centradas en atención a las causas, inteligencia, investigación, fortalecimiento policial y coordinación institucional, en beneficio de la seguridad y derechos de los mexicanos.
