El 30 de enero, fuentes de Infobae Colombia confirmaron que Andrés Idárraga, ministro encargado del Ministerio de Justicia, dejará el cargo tras poco más de dos meses en funciones, para retomar su puesto en la Secretaría de Transparencia en la Presidencia de la República. En su reemplazo asumirá el abogado Jorge Iván Cuervo, especialista en derecho público y política social, con experiencia en entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y la Veeduría Distrital.
Según información del periódico El Tiempo, la salida de Idárraga sería ordenada directamente por el presidente Gustavo Petro, debido a un desgaste en sus relaciones con figuras clave del Gobierno. La decisión se da en medio de una serie de polémicas y conflictos internos que marcaron su gestión.
Este cambio político ocurre pocos días antes de la reunión entre el presidente Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que temas como los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en Colombia serán de interés central, lo que podría vincularse a la percepción de ineficiencias en la política de lucha contra el narcotráfico.
Uno de los conflictos que presuntamente motivó su salida fue su desacuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a quien acusó de espionaje mediante el software Pegasus y expresó falta de confianza en él. La discordia refleja dificultades en la cooperación entre las carteras de Defensa y Justicia, fundamentales para un combate efectivo contra el narcotráfico.
Durante su gestión, Idárraga también criticó a instituciones del Estado. Destacó, por ejemplo, las deficiencias en la infraestructura de comunicación en las prisiones colombianas, responsabilizando a los guardianes del Inpec ante las acusaciones del presidente de El Salvador sobre extorsiones desde cárceles en Colombia.
Asimismo, cuestionó los avances en investigaciones cruciales, como la fuga del narcotraficante apodado “Matamba” de la cárcel La Picota, y criticó la poca inversión en mejorar las comunicaciones en los centros penitenciarios en más de una década.
Su mandato también estuvo marcado por conflictos públicos, como la disputa con Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien lo acusó de conductas poco éticas y presiones sobre funcionarios para influir en los esquemas de seguridad.
Previamente, Idárraga logró un acuerdo con los sindicatos del Ministerio de Justicia, que incluye 57 puntos de negociación y un aumento salarial del 20%, como parte de sus últimos movimientos antes de su anunciado relevo.
