El gobierno de José Jerí autorizó, mediante el Decreto Legislativo N.º 1710, la participación de empresas privadas en la supervisión de visitas y el control del ingreso y salida de bienes en las cárceles y centros penitenciarios del Perú, en respuesta a las deficiencias históricas del sistema penitenciario. La medida, de carácter excepcional y transitorio, busca fortalecer los mecanismos de seguridad ante la crisis penitenciaria, marcada por denuncias de corrupción, redes internas y la existencia de centros de mando del crimen organizado dentro de las prisiones.
El decreto fue aprobado en un contexto en el que el Estado ha expresado su desconfianza en los controles internos existentes, que han sido permeables al ingreso de celulares, drogas, armas y dinero que alimentan las actividades delictivas. Aunque la norma no cambia la estructura general del sistema penitenciario, permite, de manera temporal, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contrate empresas privadas para gestionar estos controles, mientras se implementa la fusión de instituciones penitenciarias en la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
El texto del decreto especifica que esta participación privada no modificaría la competencia estatal ni afectaría la normativa vigente, aunque en la práctica introduce actores externos en funciones críticas de seguridad interna. La decisión responde a las limitaciones del sistema actual, que ha sido considerado incapaz de garantizar controles efectivos, debido a la falta de tecnología adecuada y a la existencia de complicidades internas.
La incorporación de empresas privadas busca aprovechar recursos y tecnología externa para reducir las brechas en la supervisión de visitas, una de las principales vías por las que el crimen organizado mantiene su poder dentro de las cárceles. Sin embargo, críticos señalan que el decreto no define los criterios de selección de estas empresas ni establece protocolos claros de supervisión y responsabilidad ante posibles irregularidades.
Otra preocupación radica en que la medida no precisa si será solo temporal o si podrá extenderse más allá del proceso de transición hacia la SUNIR, lo que genera interrogantes sobre sus futuros alcances. La incorporación de actores privados en un sistema con antecedentes de corrupción y poca transparencia plantea riesgos significativos, en un contexto en el que la búsqueda de soluciones a la crisis penitenciaria continúa sin respuestas definitivas.
Hasta ahora, la privatización en la gestión penitenciaria ha sido discutida en diferentes momentos, reflejando la gravedad del problema que atraviesa Perú en materia de seguridad y justicia penitenciaria.
