El Ejecutivo peruano prepara un paquete legislativo que permitiría la intervención del Ejército en el control de protestas y disturbios en todo el país. Así lo indicó el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, durante su comparecencia ante el Congreso, donde explicó que la iniciativa busca definir las condiciones bajo las cuales las Fuerzas Armadas podrían apoyar operativamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) en movilizaciones futuras.
"Estamos evaluando todos esos aspectos para determinar la pertinencia y el modo en que podrán colaborar. Nuestro objetivo es generar un marco distinto, que supere las zonas de emergencia sin resultados efectivos", afirmó Tiburcio ante las comisiones de Defensa y Transportes. La discusión, originalmente centrada en medidas contra la extorsión en el transporte público, se transformó en un debate sobre la estrategia del Gobierno frente al aumento de protestas en Lima.
La propuesta surge en un contexto de alta tensión social, marcado por el descontento ciudadano y crecientes críticas al uso de la fuerza por parte de la PNP. Diversos organismos de derechos humanos alertan que la posible inclusión del Ejército en el control social podría abrir la puerta a una militarización del orden público, en medio de una creciente desconfianza hacia las instituciones.
El 15 de octubre inició la primera gran crisis del gobierno de transición de José Jerí, apenas una semana después de asumir tras la destitución de Dina Boluarte. Miles de manifestantes, liderados por el colectivo Generación Z, salieron a las calles del centro de Lima para expresar su rechazo a la clase política y a la inseguridad ciudadana en aumento. La protesta, inicialmente pacífica, terminó en enfrentamientos violentos frente al Congreso, cuando algunos manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad, siendo repelidos por las fuerzas policiales con gases lacrimógenos, escudos y bastones. El saldo fue de más de un centenar de heridos y una víctima mortal.
La víctima fue Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un joven artista urbano conocido como Trvko, de 32 años, quien murió tras recibir un disparo en el tórax en inmediaciones de la Plaza Francia. Aunque inicialmente el Ministerio del Interior negó la participación policial, horas más tarde el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal, fue quien disparó y pidió disculpas públicas a la familia. El oficial se encuentra bajo investigación.
El impacto político fue inmediato. Varias bancadas promovieron una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso —que implicaría la salida de Jerí—, aunque finalmente fue rechazadas con votos de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País. Mientras tanto, colectivos estudiantiles y juveniles anunciaron una movilización indefinida para exigir justicia por Ruiz Sanz y la renuncia del presidente interino.
El debate sobre la participación del Ejército en movilizaciones revive uno de los episodios más polémicos de los últimos años. En julio de 2024, la Fiscalía informó que 154 policías y militares están siendo investigados por las muertes y heridas de 267 personas ocurridas durante protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
El Equipo Especial de Fiscales ha formalizado 18 investigaciones preparatorias por hechos calificados como violaciones graves de derechos humanos, implicando a altos mandos del Ejército y la Policía en operativos en regiones como Ayacucho, Puno, Arequipa, La Libertad, Junín y Ucayali. En Ayacucho, por ejemplo, se procesa a 27 militares por enfrentamientos fuera del aeropuerto de Huamanga en diciembre de 2022, con 55 víctimas entre muertos y heridos. Similarmente, en Puno se investigan la muerte de 18 personas y más de 100 heridos durante la represión en Juliaca y Macusani, donde 24 policías y 19 militares están implicados. Otros casos ocurren en Lima, Arequipa y la Selva Central, donde fuerzas del orden habrían usado fuerza letal contra manifestantes, incluyendo menores de edad.
