El Gobierno interino de Perú, encabezado por el presidente José Jerí, promulgó el Decreto Legislativo n.º 1731, que incorpora al Código Penal un nuevo delito autónomo relacionado con la extorsión, enfocado en las amenazas y presiones previas. La medida, publicada este jueves en el diario oficial El Peruano, responde a la delegación de facultades otorgada por el Congreso para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar la criminalidad organizada.
La norma añade el artículo 200-A al Código Penal, estableciendo que quien, de manera directa o indirecta y sin justificación, exija o requiera, mediante violencia o amenazas, a particulares, entidades públicas o privadas, una ventaja económica indebida u otro beneficio, será sancionado con penas de prisión de entre nueve y doce años. La penalidad se incrementa a un rango de 12 a 15 años si existen elementos que demuestren relación con organizaciones criminales, uso de información personal o empresarial de la víctima, utilización de objetos intimidatorios, afectación a funcionarios públicos o participación de menores.
La promulgación estuvo respaldada por el jefe de Estado, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez, el ministro del Interior Vicente Tiburcio y el ministro de Justicia Walter Martínez, quienes firmaron la norma, que entró en vigor tras su publicación en El Peruano.
La reforma destaca que al tipificar de forma autónoma el delito de exigencia o requerimiento extorsivo, las autoridades pueden iniciar acciones penales en etapas tempranas, sin limitarse a la tentativa. La finalidad, según el texto legal, es prevenir, combatir y sancionar eficazmente estas conductas, protegiendo a personas, familias, empresas y funcionarios frente a amenazas explícitas o implícitas.
El avance legal se produce en un contexto en el que diversos gremios señalan que, pese a las nuevas leyes y los estados de emergencia, la criminalidad en Perú continúa superando la capacidad de respuesta del Estado. Aunque los registros policiales muestran una disminución en denuncias por extorsión en el período del 1 al 19 de enero de 2026, con 512 casos comparados con 1,101 en el mismo período de 2025, las cifras aún reflejan una problemática vigente.
En homicidios, las estadísticas oficiales también indican una tendencia a la baja, con 125 casos en ese mismo período frente a 156 de 2025, 135 en 2024 y 137 en 2023, durante el mismo lapso, según datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL).
