La administración del presidente interino José Jeríha publicó este martes un decreto que establece un estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, imponiendo nuevas restricciones en los centros penitenciarios y fortaleciendo los controles de seguridad en la región.
El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, firmado por el mandatario y publicado en El Peruano, detalla medidas para combatir la criminalidad organizada y mejorar la seguridad en las cárceles y en el territorio en general.
Entre las disposiciones, se indica que los internos en régimen cerrado ordinario podrán recibir una visita semanal, mientras que en régimen cerrado especial las visitas serán cada quince días. El ingreso estará restringido a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Además, se implementará un 'apagón eléctrico' en las celdas y se ordena la retirada y destrucción de antenas de telecomunicaciones ilegales, en colaboración con las Fuerzas Armadas. La medida busca impedir la comunicación clandestina entre los reclusos.
El decreto también refuerza la presencia policial y militar con patrullajes conjuntos, con el objetivo de decomisar armas, localizar personas con órdenes de captura y controlar la venta clandestina de pirotécnicos, drogas y armas en mercados ilegales.
Se suspenderán líneas telefónicas relacionadas con casos de extorsión y secuestro, además de implementar controles de identidad para extranjeros en procedimientos administrativos especiales y realizar pruebas de confiabilidad con polígrafo a los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La medida autoriza la instalación de comandos temporales encargados de coordinar la protección de instituciones públicas y atender zonas con alta incidencia delictiva. También se procederá a la revisión de vehículos con documentación adulterada y su ingreso a depósitos oficiales, en coordinación con el sistema nacional de inteligencia.
En un contexto de movilización juvenil identificada como 'Generación Z', que ha tomado las calles en protesta contra el crimen y la crisis institucional, este decreto busca fortalecer las acciones del Estado ante la creciente inestabilidad social.
La presidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno ha enfrentado protestas y conflictos sociales, ha adoptado medidas similares en el pasado para intentar frenar la delincuencia, sin resultados definitivos. La declaración de Jerí podría también responder a la intención de frenar manifestaciones antigubernamentales previstas para este sábado 25.
