El Gobierno de Perú aprobó el Decreto Legislativo 1732, que crea un sistema centralizado para identificar las titularidades financieras de personas naturales y jurídicas, con el fin de potenciar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La medida, refrendada por el presidente José Enrique Jerí Oré y el Consejo de Ministros, surge tras la facultad legislativa otorgada por la Ley 32527 y responde a la necesidad de facilitar el acceso a información relevante en investigaciones criminales complejas.
El nuevo mecanismo permite a instituciones como el Ministerio Público y la Policía Nacional verificar de manera rápida y eficiente si una persona o empresa posee cuentas en el sistema financiero peruano, utilizando documentos oficiales, RUC o número de cuenta bancaria en el caso de empresas. La consulta se limita a la existencia de cuentas, sin incluir datos sensibles, como movimientos, saldos u operaciones, que permanecen protegidos por el secreto bancario.
Las instituciones financieras, incluyendo bancos y el Banco de la Nación, deberán proporcionar la información mediante sistemas electrónicos que prioricen la rapidez y uniformidad en la comunicación, eliminando así solicitudes individuales y agilizando los procesos investigativos.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) será responsable de la implementación, supervisión y regulación del sistema, y tiene un plazo de 120 días para emitir la normativa reglamentaria que establecerá los parámetros técnicos y operativos.
El acceso a la consulta estará restringido a productos financieros dentro del territorio peruano, excluyendo cuentas en el extranjero de sucursales o filiales de entidades peruanas. La medida no incorpora obligaciones adicionales de reporte masivo ni modifica el régimen de secreto bancario, ya que el acceso a información adicional requiere procedimientos judiciales.
El proceso será financiado con fondos del Estado, y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público se incorporarán paulatinamente al sistema según disponga la SBS. La normativa entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del reglamento.
Finalmente, la SBS podrá ampliar o precisar los campos de identificación para las consultas, siempre respetando los derechos fundamentales y la protección de datos personales. La publicación oficial, en plataformas digitales del Estado peruano, garantiza transparencia y acceso público a la normativa, que forma parte de la estrategia del Ejecutivo para fortalecer la capacidad del Estado en la investigación de delitos financieros y responder con mayor celeridad a la criminalidad organizada en el país.
