El reciente decreto del Gobierno de Gustavo Petro para limitar el costo de la energía eléctrica ha generado fuertes reacciones en el sector energético colombiano, especialmente entre los generadores hidráulicos, quienes consideran que la normativa representa una ‘intervención desproporcionada en el mercado’, según manifestó la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgén). En respuesta a las críticas, el presidente Petro defendió la medida y anunció que se implementarán nuevas ordenanzas para que las tarifas reflejen mejor el consumo de los usuarios y los costos reales del servicio.
A través de su cuenta en X, Petro afirmó: ‘El decreto que pone un techo a la llamada bolsa de energía, que es un mecanismo especulador, será acompañado de varios decretos adicionales con el fin de hacer cumplir el mandato constitucional en los servicios públicos. Las tarifas deben reflejar los costos del servicio. Punto’.
El decreto establece que los generadores deben vender al menos el 95% de su energía mediante contratos, una medida que el gremio energético ha calificado como una restricción que compromete los principios de competencia y eficiencia en el sistema eléctrico nacional. El Ministerio de Minas y Energía formalizó la expedición del decreto con la intención de limitar los costos y promover la estabilidad tarifaria en Colombia.
Según las autoridades, la medida busca proteger a los hogares colombianos de la volatilidad en los precios, especialmente durante fenómenos como El Niño, que incrementan los costos de generación térmica. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tiene un plazo de tres meses para implementar mecanismos que aseguren que los generadores hidráulicos comercialicen al menos el 95% de su energía bajo contratos.
El decreto también contempla el desarrollo de instrumentos flexibles de contratación y estrategias para promover energías renovables no convencionales, como solar y eólica en Colombia. Sin embargo, Acolgén expresó profunda preocupación, advirtiendo que estas disposiciones atentan contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera de las empresas y la confiabilidad energética del país, poniendo en riesgo su estabilidad a largo plazo.
El gremio criticó que la obligación de vender el 95% de la energía mediante contratos ‘impone una camisa de fuerza a los generadores hidráulicos que debilita los principios de un mercado competitivo y eficiente’. Además, alertó que esta medida podría reducir las inversiones en generación futura y generar riesgos financieros para las empresas.
Acolgén también cuestionó la decisión de que la Creg diseñe en un plazo corto mecanismos de contratación flexibles, considerándola una carga burocrática que complicaría aún más el sistema. Otro punto clave de crítica es que la norma impone obligaciones solo a la tecnología hidráulica, excluyendo expresamente a energías renovables como solar, eólica y térmica, lo que genera un trato regulatorio desigual que afecta la competencia entre diferentes fuentes de generación.
