La sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la calle Bailén, que durante el régimen franquista fue un centro de torturas y posteriormente convertida en Dirección General de Seguridad, ha sido oficialmente reconocida como Lugar de Memoria Democrática. La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha generado un conflicto latente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien se resistía a otorgarle esta distinción.
Aunque la designación está formalizada, el conflicto no ha concluido, ya que la presidenta regional mantiene su derecho de veto sobre las placas conmemorativas, un punto ratificado en julio por el Tribunal Constitucional. Ambos gobiernos mantienen posturas opuestas: el central argumenta que el reconocimiento busca honrar la memoria de las víctimas y promover la protección de la historia democrática, mientras que Ayuso y su portavoz consideran que las únicas placas admitidas en la sede deben ser las existentes, por unir y no dividir.
El Gobierno central, representado por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, manifestó que esta declaración debería ser motivo de celebración para “todos los demócratas”, buscando evitar que hechos históricos como los torturamientos en la sede durante el franquismo se vuelvan a repetir en el futuro.
