El gobierno del Estado de México no ha autorizado aún un incremento en la tarifa del transporte público, a pesar de las solicitudes del gremio transportista, afirmó en conferencia de prensa el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja. El funcionario destacó que cualquier ajuste tarifario dependerá de un análisis profundo que considere el reordenamiento del servicio, la regularización de unidades, el retiro del transporte irregular y la implementación de un sistema financiero sostenible para los concesionarios.
Sibaja explicó que la revisión de tarifas forma parte de una estrategia integral que también contempla la creación de corredores, la reducción de competencia entre rutas similares y el retiro de unidades obsoletas mediante un fideicomiso, con una inversión inicial de 250 millones de pesos que comenzará a operar este año. Esta iniciativa busca retirar más de mil unidades y apoyar proyectos como el nuevo trolebús en la zona oriente.
El secretario enfatizó que no se tomarán decisiones precipiciosas ni aisladas, para evitar afectar a los usuarios sin solucionar los problemas estructurales del sistema de transporte. Aseguró que antes de considerar un aumento tarifario, es fundamental transformar las condiciones del servicio, ya que no se puede exigir mayor pago por unidades que presentan deficiencias.
“Imagínense que la gente pague más, pero con las mismas unidades; ¿de qué sirve?”, advirtió Sibaja, quien resaltó que la política pública debe centrarse en los usuarios, no en los intereses del sector.
En ese contexto, se han instalado mesas de trabajo encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con participación de autoridades, transportistas y asesores técnicos, para diseñar un plan que incluya ordenamiento, renovación vehicular y estudios técnicos que garanticen la viabilidad financiera sin perjudicar a quienes más dependen del transporte.
Desde 2011, no se han otorgado nuevos títulos de concesión, lo que ha provocado el aumento del transporte irregular en varias regiones y ha afectado tanto a los usuarios como a los concesionarios formales. Cada zona, por sus características particulares, requerirá decisiones específicas.
Sobre la regularización, ya se han iniciado operativos de inspección para retirar unidades antiguas, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el estado de los vehículos puede representar un riesgo. Los transportistas han expresado su disposición a colaborar, siempre que se garantice transparencia en el proceso.
Sibaja afirmó que la transformación del sistema debe ser un proceso conjunto con los transportistas, no una imposición del gobierno. “Los transportistas son aliados, no enemigos. No podemos culparlos de todos los problemas”, señaló.
Aunque el sector ha presionado por un aumento tarifario ante el incremento en insumos, antigüedad de las unidades y escasez de nuevas concesiones, la autoridad aclaró que cualquier cambio será resultado de un rediseño integral del sistema, no una respuesta inmediata a esas demandas.
