La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó una iniciativa de decreto para que las funciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) sean asumidas por dependencias existentes, como la Secretaría de la Contraloría, el Sistema Estatal Anticorrupción y órganos municipales.
El documento, enviado a la LXII Legislatura local, indica que esta medida forma parte de una estrategia de austeridad y simplificación administrativa, alineada con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 y las reformas federales en materia de transparencia.
Entre las razones principales se destacan la reducción de gastos mediante la eliminación de estructuras burocráticas redundantes para destinar recursos a programas sociales, y la armonización legal para ajustar la Constitución local a las reformas federales, promoviendo la eficiencia y la centralización de funciones en dependencias con capacidad operacional ya establecida.
Actualmente, el Infoem, un organismo autónomo, dejaría de existir, y sus responsabilidades serían redistribuidas: la Secretaría de la Contraloría del Estado asumiría el rol principal en garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, además de gestionar los sistemas electrónicos de transparencia que opera actualmente el instituto.
El Sistema Estatal Anticorrupción, mediante su Comité Coordinador —integrado por la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura del Estado de México (OSFEM), la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana— supervisaría que las funciones en materia de transparencia se cumplan sin conflictos de interés. Además, cada ayuntamiento deberá designar áreas específicas para atender solicitudes de información.
En la cuenta pública del 2024, al Infoem se le asignaron 247 millones 506 mil 483 pesos, de los cuales más del 80% se destinó a servicios personales, equivalentes a 203 millones 940 mil pesos, reflejando una estructura burocrática extensa.
Para este año, la Legislatura aprobó un presupuesto de 187 mil 679 mil 555 pesos para el instituto, lo que representa una reducción de 59 millones 826 mil 928 pesos, un 24.1% respecto al año anterior. Esta disminución coincide con el objetivo de ahorrar recursos mediante la reforma.
El presidente de la Diputación Permanente, Maurilio Hernández, confirmó que el proceso de reforma jurídica del Infoem comenzará formalmente el 22 de junio, una vez cumplido el plazo de 90 días establecido por ley, y se espera que la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal sea aprobada durante el periodo extraordinario convocado para el 26 de junio.
Hernández explicó que, posteriormente, se tramitarán las reformas secundarias necesarias y que la facultad para asumir estas atribuciones recae en la Secretaría de la Contraloría, aunque no descartó que algunos sectores propongan que esas funciones sean asignadas al Poder Legislativo. También aclaró que, al desaparecer el organismo, se eliminará la figura de comisionados y se analizará la creación de una dirección o unidad especializada dentro de la Contraloría, lo que requerirá modificaciones en su ley orgánica.
Para cumplir con los plazos, la Diputación Permanente sesionará los días 23 o 24 de junio para aprobar el orden del día del periodo extraordinario, que se realizará el 26 de junio.
