El Ministerio de Economía proyecta que el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves podría generar una pérdida económica de aproximadamente 575 millones de dólares, dependiendo del nivel de acatamiento. La movilización, en rechazo a la reforma laboral, coincide con la incertidumbre en la Cámara de Diputados, donde aún no se dicta el dictamen de comisión sobre el proyecto.
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía informaron a Infobae que el cálculo se basa en proyecciones sectoriales que consideran una adhesión variable entre diferentes rubros, en un contexto marcado por la presión sindical y el cierre reciente de la fábrica FATE. Según una fuente del Ministerio, la estimación contempla un acatamiento del 30 al 50%, dependiendo de la actividad económica, siendo uno de los paros más costosos en los últimos años, aunque menor en comparación con movilizaciones anteriores con mayor participación.
La movilización fue confirmada por la CGT, que responsabilizó al Ejecutivo por el cierre de FATE, denunciando que ello evidencia la crisis industrial en el país. La central obrera calificó el cierre como un aviso sobre dificultades en el sector manufacturero y atribuyó la situación al "fracaso del plan económico del Gobierno". La CGT también argumentó que la medida busca protestar contra la reforma laboral, la cual consideran que pone en riesgo derechos laborales y puede aumentar la pérdida de empleos.
Asimismo, la confederación sindical vinculó el paro con el cierre de FATE y la situación del sector industrial, señalando que refleja las dificultades económicas y los cambios legislativos en marcha. Representantes sindicales defienden la huelga como una herramienta legítima para defender el empleo y las condiciones laborales.
Las huelgas previas, como la del 9 de mayo de 2024, generaron pérdidas cercanas a 544 millones de dólares, según datos del Instituto de Economía de la UADE. Para esta jornada, se prevé un menor nivel de acatamiento, mientras el Gobierno busca disuadir la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), amenazando con retirar su personería jurídica por estar en conciliación obligatoria.
El paro del 10 de abril de 2025 sirvió como referencia para entender estas estimaciones. En esa ocasión, la situación del transporte público evitó una pérdida de más de 500 millones de dólares, resaltando el impacto del transporte en la economía. El coordinador del Instituto de Economía de la UADE, Martín Álvarez, explicó que en estos paros la pérdida económica suele oscilar entre 500 y 600 millones de dólares, cifra coherente con otros huelgas masivas.
El factor determinante para la proyección del impacto en esta semana radica en la participación de los colectivos en las calles, pues su presencia es crucial para la movilidad y la actividad económica. Álvarez agregó que, dado que los gremios de transporte ya confirmaron su adhesión, la pérdida económica podría situarse en ese rango superior, afectando especialmente a sectores no sindicalizados.
Desde el Ministerio de Capital Humano, oficiales recordaron que aún está vigente la conciliación obligatoria, por lo cual los sindicatos que participen podrían arriesgarse a perder su personería jurídica si desobedecen la orden. Mientras tanto, el sindicato de Roberto Fernández mantiene silencio sobre el tema.
Este escenario se diferencia de protestas anteriores por la menor previsión de adhesión, la situación industrial y el clima político actual. La CGT consideró el cierre de FATE como una advertencia para el empleo y la producción, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de avanzar con la reforma laboral para mejorar el contexto económico del país.