La Inspección General de Justicia (IGJ) ha incrementado la inspección de los balances financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de controversias por supuestas irregularidades administrativas y judiciales que enfrenta la gestión de Claudio 'Chiqui' Tapia. El Estado está exigiendo mayor transparencia sobre el destino de 450 millones de dólares, cuya trazabilidad aún no ha sido esclarecida a partir de los registros oficiales de la AFA y la Superliga, según documentos presentados ante la IGJ.
Este aumento en la fiscalización siguió a la negativa de la AFA a la recusación contra Daniel Vítolo, jefe de la IGJ, fortaleciendo los requerimientos sobre la institución y exponiendo a Tapia y su equipo a un control más exhaustivo.
Recientemente, la confrontación institucional adquirió un nuevo capítulo con la constatación de irregularidades en la sede legal de la AFA. Dos informes –de la IGJ y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)– verificaron que el domicilio declarado en Pilar, Mercedes 1366, no existe físicamente, siendo solo un baldío con un cartel y sin instalaciones. La ubicación, que en un principio fue presentada como futura sede social y museo, complica las causas judiciales vinculadas a la gestión y afecta la imagen institucional.
El reclamo del Estado por mayor claridad en el destino de fondos no es nuevo. La IGJ solicitó en diciembre de 2022 un desglose de movimientos contables y contratos de la AFA desde 2017 a 2024. La respuesta recibida en enero de 2023 fue considerada insuficiente, por lo que el organismo reiteró el pedido insistiendo en la necesidad de descripciones detalladas y documentación de las operaciones.
Entre los fondos cuestionados, destacan 111 millones de dólares de la AFA y otros 348 millones vinculados a la Superliga, cuyos destinos no fueron correctamente documentados. Además, se requirió información acerca de pasivos, deudas, inversiones en infraestructura, actividades comerciales y movimientos de la firma TourProdenter LLC, controlada por Javier Faroni, encargada de canalizar fondos internacionales con una comisión del 30%.
Respecto a la sede, la IGJ y ARCA confirmaron que Mercedes 1366 no es una propiedad activa de la AFA. Vecinos y funcionarios municipales afirmaron que allí solo hay un cartel y nada más. La defensa legal del organismo futbolístico, representada por Gregorio Dalbón, argumentó que el cambio de domicilio fue aprobado en asamblea y respaldado por la documentación, aunque en la práctica inmobiliaria, la identificación legal requiere parcelas catastrales.
Este conflicto se vincula directamente con una investigación judicial sobre la adquisición de una propiedad en Pilar, con helipuerto y vehículos de lujo, supuestamente vinculados a directivos de la AFA mediante testaferros, que ahora involucra la competencia de la justicia federal bonaerense por la existencia de una sede ‘fantasma’.
Por su parte, la subsecretaría de Asuntos Registrales, encabezada por Carlos Medina, desestimó la recusación contra Daniel Vítolo, argumentando que no existía causal suficiente para apartarlo. La respuesta resaltó que Vítolo no ha emitido opiniones o recomendaciones en este expediente y que el sistema de notificaciones, utilizado desde hace más de 20 años, es legal y aceptado por la propia dirigencia.
Con la recusación descartada, la IGJ mantiene su supervisión sobre los ocho balances consecutivos de la AFA, con la posibilidad de emitir nuevas intimaciones si detecta omisiones o irregularidades adicionales. El abogado Gregorio Dalbón advirtió que la entidad futbolística acudirá a todas las vías legales, incluyendo acciones judiciales y administrativas, en respuesta a lo que calificó como un procedimiento arbitrario y desproporcionado por parte de la IGJ.
Este escenario aumenta la presión sobre la dirigencia de Tapia, enfrentada a un sistema de fiscalización cada vez más riguroso, mientras continúa la controversia sobre la opacidad financiera y el cuestionamiento de la legitimidad de la sede oficial de la AFA.
