El Gobierno de Perú, encabezado por José Jerí, oficializó el Reglamento del Código de Ejecución Penal mediante el Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, publicado hoy en el diario oficial El Peruano. Esta medida busca ajustar el sistema penitenciario a las recientes reformas que permiten imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años en casos específicos.
La normativa, firmada también por el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, realiza cambios en 17 artículos del reglamento penitenciario para fortalecer la atención y los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley. Entre los aspectos destacados, se encuentra la incorporación del principio de "individualización científica" en el tratamiento penitenciario, adaptando las medidas a las características psicológicas y sociales de cada adolescente, especialmente en el grupo de 16 a 21 años.
Además, el decreto establece que los adolescentes imputables podrán ser ubicados en cualquier etapa del régimen penitenciario sin seguir necesariamente el sistema progresivo tradicional. Esto permite una mayor flexibilidad en su tratamiento, según las necesidades particulares.
El reglamento también obliga la participación de psicólogos especializados en adolescentes en los órganos técnicos encargados de su tratamiento y clasificación, fortaleciendo así la evaluación y rehabilitación. Asimismo, se crea una obligación de registro y reporte constante a entidades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo, para garantizar la protección de sus derechos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tendrá 60 días para actualizar sus procedimientos y capacitar a su personal en el tratamiento de adolescentes, en línea con las nuevas disposiciones legales. Estas acciones buscan mejorar la gestión penitenciaria y asegurar un tratamiento adecuado a los adolescentes en el sistema.
Esta reforma se enmarca en la Ley N.º 32330, promulgada en septiembre, que permite procesar como adultos en delitos graves a menores de 16 y 17 años, en casos específicos. La ley contempla más de 30 delitos, incluyendo homicidio calificado, violación, sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, trata y delitos relacionados con terrorismo y narcotráfico.
Para los casos más graves, la sanción deja de ser únicamente socioeducativa y puede incluir penas privativas de libertad bajo las reglas del sistema penal ordinario. Aunque la edad del infractor pueda influir en la reducción de la pena, no impide la aplicación del régimen penal para los delitos de mayor gravedad.
