El gobierno de Javier Milei cumplió con una medida judicial y restablecerá las 119,033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que había suspendido, tras la orden del juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca. Infobae pudo confirmar que los beneficios no serán reanudados para las personas en prisión.
La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial y oficializada mediante la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) 13901/2025, implica la restitución de las pensiones suspendidas en todo el país. Aunque la intervención de la ANDIS, liderada por Alejandro Alberto Vilches, había apelado la decisión, la justicia federal catamarqueña mantuvo la orden de restablecerlas en 24 horas, y de abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva.
La medida fue promovida tras un aviso del juez Díaz Martínez, quien exigió a la ANDIS restablecer las pensiones a las personas afectadas tras aceptar una cautelar presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, y respaldada por el Defensor del Pueblo de Catamarca.
El fallo, en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otros c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”, considera que estos derechos tienen un carácter colectivo e individual. El magistrado señaló que las suspensiones estaban vinculadas a una norma inconstitucional y una ejecución irregular por parte del Estado.
Desde la intervención actual de la ANSES, ya se restituyeron más de 622 pensiones, principalmente en Catamarca y Formosa, beneficiarias que acreditaron tener incapacidad laboral. La restitución, informaron, se realiza en 48 horas. Sin embargo, aclararon que las pensiones que aún no han sido restablecidas no cumplen los requisitos, y que aún no hay bajas definitivas, ya que se continúa evaluando caso por caso.
Por su parte, desde el Ministerio de Salud explicaron que las auditorías, iniciadas para reordenar un sistema que creció de 200,000 a 1,25 millones de pensiones entre 2003 y 2023, buscan erradicar irregularidades. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que, desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, se detectaron 27,149 pensiones a fallecidos y 55,318 beneficiarios que renunciaron sin demostrar incapacidad, sumando un total de 82,467 irregularidades. El objetivo es garantizar que los beneficios lleguen solo a quienes realmente los necesitan.
La ANDIS dispuso en su artículo primero que se restablezca el pago de las pensiones suspendidas, y en el segundo, que el pago se efectúe según el cronograma vigente de la ANSES. De las 119,000 pensiones, el gobierno ya había restablecido cerca de 20,000 en Catamarca y Formosa mediante presentaciones locales.
El fallo también remarca que la suspensión de pensiones fue en parte resultado de disposiciones del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El juez recordó que el reclamo colectivo se originó en la afectación a beneficiarios por las suspensiones, derivadas de un decreto presidencial, y que las acciones tienen carácter de derechos colectivos, conforme a la doctrina del caso “Halabi”.
El análisis técnico del magistrado evidenció que las suspensiones afectaron a todos los beneficiarios de manera homogénea, permitiendo una única acción judicial con efectos amplios. La decisión busca garantizar que el sistema funcione con transparencia, responsabilidad y sin favorecer a quienes no cumplen los requisitos, en línea con las denuncias sobre irregularidades en las auditorías.
Aunque la intervención de Vilches afirmó su voluntad de cumplir con las decisiones judiciales, dejó en claro que no restituirá automáticamente las pensiones a las personas en prisión, a pesar del fallo que ordena lo contrario, debido a consideraciones respecto a la exclusión de los beneficiarios presos del proceso.
