El Gobierno mexicano establecerá un operativo en el Congreso para conducir las negociaciones decisivas en la aprobación de reformas clave durante esta semana. Las iniciativas que se tratarán incluyen las medias sanciones del nuevo régimen penal juvenil y la reforma laboral, proyectos en los que el Ejecutivo ha estado negociando con la oposición desde principios de año.
El debate sobre estos dos proyectos tendrá lugar en diferentes cámaras: la Reforma laboral será discutida en la Cámara de Diputados el miércoles, mientras que la propuesta de reforma penal juvenil será abordada en el Senado el jueves. El oficialismo busca garantizar el apoyo necesario y evitar sorpresas de última hora, fortaleciendo la coordinación con sus aliados y otros bloques que habitualmente mantienen distancia.
La reforma laboral, que busca modernizar las leyes de trabajo, enfrenta resistencia de sectores sindicales y gremiales. Aunque los sindicatos no han convocado a un paro general, anunciaron movilizaciones y permanecen a la expectativa de negociar cambios en aspectos como las cuotas solidarias y los fondos de obras sociales. Además, las provincias de México elevaron quejas por la posible caída en recaudaciones derivada de la reducción en las alícuotas del impuesto sobre la renta para las empresas, y demandaron alguna forma de compensación, aunque el gobierno habría decidido no modificar el texto final.
En el debate del jueves, la propuesta de reforma penal juvenil, que goza de respaldo de diversos bloques políticos, podría consolidar su aprobación con apoyos de partidos tradicionales como Encuentro Federal y sectores que suelen mantenerse independientes de la coalición del Gobierno. Para asegurar los votos, desde el martes, los principales representantes del Ejecutivo se instalarán en el Congreso junto con otros funcionarios clave.
Participarán en estas labores el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, en representación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien por sus compromisos tendrá menos presencia en las negociaciones.
El esfuerzo del Gobierno también busca convencer a gobernadores críticos, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes han manifestado resistencia a la reforma laboral por el impacto fiscal en sus provincias.
A pesar de las diferencias, algunos de estos mandatarios suspendieron encuentros con sindicatos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para no desalentar las negociaciones oficiales. Además, el Ejecutivo trabaja en el pleno esquema de la estrategia legislativa a través de la mesa política nacional, integrada por diversos funcionarios y dirigentes, que analizará los detalles para avanzar en la aprobación de las leyes pendientes.
Finalmente, la Casa Rosada evalúa extender las sesiones extraordinarias por un día más para aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo, considerando los plazos ajustados y la agenda del presidente, quien recientemente retornó al país tras cancelar un viaje programado a Miami, con el fin de mantener la atención en los asuntos internos prioritarios.
